Los procuradores se han concentrado este mediodía a las puertas de los juzgados, una semana más, portando una chapa en la solapa en la que reivindican la función esencial que desempeñan en el proceso judicial, y colocados – en el caso de Ciudad Real- tras una pancarta en la que se podía leer “no a la ley de servicios profesionales”.
Los procuradores en las distintas sedes judiciales de la provincia han vuelto a denunciar que el anteproyecto del gobierno vendría a encarecer aún más los procesos judiciales, tanto en su coste material como en tiempo de tramitación en la que el principal perjudicado será el ciudadano.
Los procuradores gestionan 50 millones de notificaciones judiciales anuales gracias a un sistema sufragado por el colectivo con «coste cero» para el ciudadano. Cuesta en torno a los 188 millones anuales, es decir el importe que ahorran los procuradores a la administración de justicia asciende a 188 millones de euros anuales. La pretendida nueva ley cargaría sobre los bolsillos de los españoles ese ahorro ahora asumido por la estructura de los procuradores. En definitiva la nueva ley perjudicaría a toda la ciudadanía porque iríamos a una Justicia más cara y más lenta.
La nueva ley desdibuja la función del procurador y pone en peligro la supervivencia de la profesión. Solo en la provincia de Ciudad Real más de 700 personas, entre profesionales, procuradores, colaboradores y personal de los distintos colegios de la provincia se verían afectados por el Anteproyecto.
