La biorrefinería Clamber, financiada por el Ministerio de Economía y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que supondrá una inversión de 20 millones de euros (16 aportados por el Ministerio y 4 por la Junta a través del IVICAM); arranca de un convenio firmado el pasado 5 de diciembre de 2013 en el que Gobierno central y regional acordaron que debería situarse dentro de la provincia de Ciudad Real.
Finalmente, será la ciudad de Puertollano la que acoja esta biorrefinería, aunque el Grupo Municipal Socialista considera que, si el alcalde «hubiera hecho las gestiones oportunas y tuviera peso político en la Junta de Comunidades» el proyecto podría haberse instalado en Alcázar; tanto por su situación estratégica como por la abundancia de la materia prima que se utiliza como combustible (los sarmientos de la vid). Esto es lo que aseguraba la portavoz de la oposición, Rosa Melchor, que incidió en que «Alcázar es uno de los términos municipales más grandes de la provincia y con mayor extensión de viñedo». Por eso preguntan a Diego Ortega si postuló la ciudad como candidata a este proyecto y realizó las gestiones oportunas.
«La alcaldesa de Puertollano lo ha hecho muy bien, defendiendo los intereses de sus ciudadanos. No sabemos si el señor Ortega ha hecho lo mismo. Después de perder la termosolar, que es materialmente imposible que se ponga en marcha ya en lo que queda de legislatura, esta biorrefinería hubiera sido una inversión que recuperaría el prestigio para Alcázar, reactivaría su economía y crearía empleo. Pero el equipo de Gobierno de PP y CxA está demostrando que no son capaces de poner en marcha un solo proyecto. Los ciudadanos de Alcázar no tienen quién les defienda».
Por último, Melchor consideró que Alcázar de San Juan podía haber recurrido a la ley de compensaciones, especialmente «después de perder la termosolar».
