Hace ya medio año IU de Alcázar denunciaba la situación de deterioro que estaban sufriendo los vecinos del barrio de ‘La Pradera’. Después de este tiempo, las Administraciones no han atendido sus demandas, ni han dado solución al problema. Por este motivo, Antonio Jesús García, coordinador local de esta formación política, cree que «la situación puede explotar porque no se está escuchando a los vecinos». Recuerda que hay 100 familias que están viviendo en «malas condiciones».
A esto sumó también la «urgencia de creación de empleo» que necesita la localidad y volvió a instar al equipo de Gobierno de Alcázar a hacer públicos los presupuestos municipales de 2014. «Queremos saber cuánto dinero hay y en qué se lo van a gastar. No es tiempo de hacer obras faraónicas para, de cara a las elecciones, hacer lo que no han hecho hasta ahora. Lo urgente es atender las peticiones de los vecinos».
Otro de los asuntos de los que habló García es el nuevo pliego de contrataciones para el centro Frida Khalo y dijo que, desde IU, esperaban que se subrogara la plantilla laboral del centro al cien por cien. «Especialmente por las terapias que reciben sus usuarios y porque conocer al personal es una ventaja para ellos. No sería adecuado que no continuaran los mismos especialistas o se cambiara la plantilla». Desde IU hacían esta apreciación porque aseguran que el nuevo contrato permite cambiar a los trabajadores.
Por último criticó García el «triunfalismo» con el que el concejal de promoción económica, Ángel Montealegre, interpretaba los últimos datos del desempleo en Alcázar y le instó a realizar un estudio de la población activa para ver cuánta gente se encontraba en riesgo de exclusión social, cuántos jóvenes han emigrado en busca de trabajo, cuántas personas han dejado de inscribirse en las oficinas de empleo «porque han perdido la esperanza» y qué tipo de empresas son las que realmente se han creado.
IU vuelve a insistir que el equipo de Gobierno «debería atender los problemas reales de la gente» y subrayó que apoyarán cualquier tipo de movilización ciudadana «contra una decisión injusta o incoherente» de los gobernantes locales.
