Cargando...El Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, por unanimidad, ha dictaminado la legalidad de los convenios suscritos por el anterior Gobierno socialista con las mencionadas plantas termosolares; argumentando que «no concurre en ninguna de las causas de nulidad alegadas por el Ayuntamiento».
José Fernando Sánchez Bódalo, en representación del Grupo Municipal Socialista, comunicaba esta noticia a los medios. El dictamen del Consejo, fechado el día 22 de diciembre y que no se ha dado a conocer hasta el 17 de enero, consta de 52 páginas y, según el PSOE, «pone fin a un lamentable proceso iniciado por PP y CxA, que hicieron creer que se habían perdido 50 millones de euros y demonizaron nuestra anterior gestión». Con este dictamen viene a decirse, según explicaba Bódalo, que las liquidaciones tributarias están bien hechas, las subvenciones debidamente otorgadas y los convenios aprobados por órganos competentes. Con esta información sobre la mesa, se refirió a las declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno municipal, Ángel Puente, en la que se acusaba al anterior Gobierno socialista de «delinquir a sabiendas», «dar el pelotazo» y «firmar unos convenios ilegales»; declaraciones en las que añadía también que «se vería la verdad y el gran escándalo cuando el Consejo Consultivo se pronunciase». Bódalo se preguntó que «¿dónde está el escándalo?. El único escándalo es el desmantelamiento de la ciudad que están llevando a cabo PP y CxA, que mienten constantemente a los ciudadanos y no son capaces de sacar adelante ni un solo proyecto y arrasan con todo como el caballo de Atila». Bódalo incidió en que se dan este tipo de situaciones porque «están gobernando desde el odio y la revancha, intentando arruinar todo lo que hicimos los socialistas. No soportan que hiciéramos los mejores convenios de España con las termosolares y dentro de la legalidad. Convenios que permitieron que en nuestra ciudad se instalaran más centrales que en ningún otro sitio, cobrándoles más que ningún otro pueblo, un 150% más que el siguiente que más ha cobrado».
También dijo Bódalo que, con todo este asunto, el equipo de Gobierno «había derrochado», pagando 95.000 euros brutos al año a un secretario y 18.000 euros a un despacho de abogados «para que escribieran al dictado una acusación insostenible contra los anteriores gestores». Además de convertir Alcázar de San Juan en una ciudad «no fiable» y generando «miedo e inseguridad a los inversores». Como aseguró ha ocurrido con la termosolar Alcázar que «entre el gobierno de Rajoy, que ha dificultado el marco legislativo para las energías renovables, y la falta de apoyo político por parte del Ayuntamiento, que no les han dado seguridad y confianza, han acabado con ella».
