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Esta era la propuesta del equipo de Gobierno, llevar el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que “no está de acuerdo” con el Dictamen del Consejo Consultivo. En la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, que se celebra hoy en el Ayuntamiento, el Grupo Socialista ha argumentado que “no procede el debate tras el dictamen porque no hay causas de nulidad y, por tanto, los convenios no son ilegales”. Sin embargo, el concejal de Economía y Hacienda, Juan José Arias ha señalado que “existe una sentencia del año 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que cambia un dictamen del Consejo Consultivo de esa comunidad por no ajustarse a derecho”.
Desde la oposición socialista habló José Fernando Sánchez Bódalo que sugirió al equipo de Gobierno que «no gastaran dinero público en abogados» con este asunto que podría alargarse años y que se dedicaran a «construir, no a destruir». Sin embargo, esta no es la visión del Gobierno municipal que considera que, llevando los convenios a los tribunales están «emprendiendo el camino de restituir al Ayuntamiento su patrimonio legítimo». Además aseguraron que en el dictamen del Consejo Consultivo se hace referencia a posibles irregularidades.
El Gobierno municipal subraya que “no se aplicó correctamente la base imponible en el cobro de impuestos” a determinadas empresas termosolares, mientras que el que fuera alcalde en ese momento, José Fernando Sánchez Bódalo asegura que “hasta 2011 no se estableció esa base”. Su Grupo solicita votar por separado el primer punto sobre declarar la anulabilidad o no de los convenios, hay otros dos más relacionados con pedir informes y mandarlo al Tribunal. Finalmente, no se ha votado por separado y se ha aprobado con la abstención del PSOE.
