


Desde que en la mañana del martes, 18 de febrero, la Plataforma contra la privatización del Agua en Alcázar, apoyados por los concejales del Grupo Municipal Socialista, iniciaran un encierro en el Ayuntamiento para pedir un referéndum; los acontecimientos se han ido sucediendo. Primero el alcalde de la localidad, Diego Ortega -después de intentar convencerles para que desistieran en su empeño- los desalojaba del salón de plenos, argumentando que existe un decreto por el que la estancia sólo puede utilizarse para las sesiones plenarias y actos oficiales. Lejos de desistir, continuaron con su reivindicación en los pasillos colindantes. Durante toda la tarde se fueron sumando ciudadanos que entraban y salían del consistorio -previa petición del DNI- y se apostaban en la plaza con pancartas. A las 17:30 horas, sindicatos, partidos políticos en la oposición y las diferentes plataformas ciudadanas de la localidad realizaban una rueda de prensa conjunta apoyando la iniciativa del referéndum y denunciando la «falta de Democracia que se estaba produciendo en Alcázar con este y otros temas que afectan a los ciudadanos».
Hacia las ocho de la tarde, el alcalde, acompañado por el concejal y gerente de Aguas Ángel Puente, comunicaban a las personas participantes en el encierro que «debían desalojar» el Consistorio, puesto que sólo tendrían acceso al edificio municipal entre las 8:00 y 20:00 horas y que, de no hacerlo así, se arriesgaban a recibir una sanción por desacato a la autoridad. Cerraron el aforo del Ayuntamiento y no dejaron entrar en él a más ciudadanos. Los medios de comunicación también han tenido algún problema para acceder al interior del edificio, aunque finalmente se ha resuelto. Al mismo tiempo, numerosas personas se manifestaban en la calle, en los alrededores del edificio consistorial, provocando problemas con el tráfico. Ciudadanos -algunos de ellos convocados a través de las redes sociales- que han mostrado su apoyo al encierro y a la iniciativa de una consulta popular para decidir sobre el modo de gestión que quieren para Aguas de Alcázar.
El portavoz de la Plataforma del Agua, Juan Garrido ha salido a la calle para explicar la situación a los vecinos que allí se manifestaban, pidiendo a gritos que saliera el alcalde y el gerente de Aguas «a escuchar a su pueblo» y «a darles una explicación». También pidieron la dimisión de Ortega y Puente, mientras coreaban al unísono «Aguas no se vende. Aguas se defiende».
TREINTA PERSONAS MANTENDRÁN EL ENCIERRO NOCTURNO
Ya en el interior del Ayuntamiento, en la escalinata principal, Garrido ha explicado a los presentes la situación y ha pedido que decidieran entre todos «qué hacer». La decisión ha sido unánime: continuar con el encierro las 24 horas. Arriesgándose a ser sancionados, treinta personas permanecerán toda la noche en el interior del edificio consistorial insistiendo en la petición de un referéndum para Aguas.
Desde la Plataforma aseguran que mantendrán el encierro hasta conseguirlo. Su portavoz asegura que han entablado un diálogo cordial con Ortega y Puente, en el que el alcalde de Alcázar ha reiterado que «la decisión ya estaba tomada» y Puente ha sugerido que «si todos los vecinos ponen de su bolsillo una cantidad para cubrir la deuda de la empresa municipal de Aguas, podría replantearse». Desde la Plataforma no se han cerrado a esta posibilidad y han insistido en convocar un referéndum para saber la opinión del pueblo y valorar otras alternativas posibles.
«UN MONTAJE DEL PSOE»
Por su parte, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega está convencido que lo sucedido «es un montaje más del PSOE» para «provocar una manifestación encubierta dentro del Ayuntamiento. Un espectáculo que ha llegado al disparate de que la gente tome el Ayuntamiento». Algo que dijo que, como alcalde «no voy a consentir». Aseguró que el cambio de modelo de gestión de Aguas se justifica en la «quiebra que provocaron los socialistas». Dijo que llevará al debate plenario la consulta popular, como así se comprometió; posiblemente en el pleno ordinario de febrero, en el que también se llevará la aprobación de la adjudicación a Aqualia de la gestión de Aguas.
Mañana miércoles, 19 de febrero, se mantendrá el encierro y, a partir de las ocho de la mañana los ciudadanos volverán a acercarse hasta la Plaza y el Ayuntamiento para mantener su protesta.









































































