Cargando...El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha lamentado que el PSOE persista en la organización de movilizaciones como el encierro de integrantes de la plataforma del agua y los propios concejales socialistas en el Ayuntamiento, lo que supone una “incoherencia”, dado que son muchísimos los consistorios de toda España que tienen concesiones mixtas e incluso privadas al cien por cien de la gestión del agua, muchos de ellos gobernados por el PSOE.
Además, ha recordado que 36 ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real tienen el agua gestionada por una empresa privada contratada por la Diputación, de la que el ex alcalde y principal responsable de la situación de Aguas de Alcázar es el vicepresidente.
Por todo ello, dado que la portavoz socialista, Rosa Melchor, y otros concejales del Grupo Socialista están participando activamente en las movilizaciones, la retó, como diputada de las Cortes regionales, a presentar alguna proposición pidiendo que todos los municipios de Castilla-La Mancha abandonen la gestión privada o mixta del agua y la tengan cien por cien pública.
Asimismo, subrayó que el PSOE está tratando con estas movilizaciones de ganar en la calle, mediante el insulto y la descalificación, lo que perdieron en las urnas, y consideró inaceptable que “los que han llevado a Aguas de Alcázar a la quiebra quieran ahora dar lecciones de legalidad, transparencia y democracia”.
Diego Ortega defendió que la postura del equipo de Gobierno sigue siendo la misma desde que se inició el proceso de cambio de modelo de gestión del agua. Hay una deuda de ocho millones de euros generada por los anteriores gestores, lo que sitúa a la empresa pública en causa legal de disolución. Para evitarlo, la única opción era la capitalización con la participación de una empresa privada que gestione conjuntamente con el Ayuntamiento la empresa de Aguas.
En cualquier caso, subrayó que el Ayuntamiento mantendrá la titularidad del servicio, el alcalde seguirá siendo el presidente de la empresa y las decisiones se tomarán con el acuerdo de ambas partes. El servicio mantendrá, además, su calidad, se mantendrán igualmente los puestos de trabajo y la tarifa del agua no subirá a ningún vecino.
El alcalde alcazareño ha indicado que los vecinos tienen todo el derecho a mostrar su desacuerdo con las decisiones que toma el equipo de Gobierno, aunque sea, como en este caso, una decisión legal y democrática. Sin embargo, no se van a permitir actitudes como las vividas en la noche del martes ni insultos y descalificaciones a concejales y funcionarios públicos.
DESCARTADO EL DESALOJO
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Mateos, ha confirmado que el desalojo por la fuerza de los encerrados está descartado. Lo que sí se ha hecho es imponer una sanción administrativa por desobediencia a la autoridad a quienes, pasadas las ocho de la noche, permanezcan en el Ayuntamiento, desobedeciendo la orden de desalojo a la hora del cierre de las dependencias municipales.
