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El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan permanecerá cerrado durante todo el miércoles, 19 de febrero, y los ciudadanos no podrán acceder a él para realizar sus gestiones con normalidad. La causa, el encierro de ciudadanos en protesta contra el cambio de modelo de gestión de Aguas y reivindicando un referéndum popular al respecto.
La decisión de cerrar el edificio consistorial ha sido tomada por motivos de “seguridad”, según comentaba el concejal del área, Julián Mateos; que aseguró que “no va a ver, en ningún momento, desalojo por la fuerza”. Aunque comentó que se enviará a la Subdelegación de Gobierno una notificación para “sancionar administrativamente” a los 26 manifestantes que decidieron pasar la noche en el edificio por “desacato a la autoridad”, después de “invitarles” a abandonar el Ayuntamiento a la hora de cierre. Según vayan desarrollándose los acontecimientos se irán aplicando medidas.
Por parte de la Plataforma contra la privatización del Agua –tras una noche fría y después de tener que avisar a los servicios de emergencias porque una de las personas que formaba parte del encierro ha sufrido un bajón de azúcar- dicen “sentirse sitiados” porque al impedir el acceso del público al Ayuntamiento “no tienen relevo” y tampoco pueden abandonar el edificio porque no podrían volver a entrar. En nombre de este colectivo, Juan Barrilero aseguraba que “esperaban que no impidieran entrar a sus compañeros”. Esta situación ha ocasionado que quienes han tenido que acudir a sus puestos de trabajo hayan abandonado el Consistorio. Dentro han quedado unas 20 personas que persisten en el encierro y que no saldrán del edificio, a pesar de no tener posibilidad de aprovisionarse. Lo harán a través de los “ventanucos” del vestíbulo, ayudados por la centena de personas que han ocupado los alrededores manifestándose y que han vuelto a ocasionar que se corte el tráfico en las calles colindantes. Alrededor del edificio consistorial se ha puesto un cordón policial para impedir el acceso a su interior.
Al intentar hablar con el alcalde, Diego Ortega sobre esta cuestión, éste les aseguró que se había decidido “hacer así por seguridad” y que si no estaban de acuerdo que “denunciasen”. A este respecto, el PSOE ha ofrecido sus servicios jurídicos para realizar el trámite. En representación del Grupo Socialista, Carlos Dorado comentaba que la orden de cierre “ha sido verbal” y que el Alcalde le ha asegurado que “no lo puede permitir porque lo que está sucediendo es una manifestación encubierta”. Dorado considera que “se están vulnerando sus derechos como concejal” al no poder atender al público en el horario establecido. “Están tratando a los ciudadanos como si fueran delincuentes cuando todo se está desarrollando de la forma más respetuosa posible, reclamando una consulta popular”.
«ESTAFA»
Tanto PSOE, como los miembros de la Plataforma, consideran que el alcalde “les está estafando” puesto que se comprometió a debatir en pleno la consulta popular. Algo que, como el propio Ortega confirmaba, “se hará” en la sesión ordinaria del mes de febrero, previo a la aprobación de la adjudicación de la gestión de Aguas de Alcázar a Aqualia. “Desestimarán por mayoría la posibilidad de un referéndum y darán la gestión a le empresa”. Posiblemente esta adjudicación se haga con el voto de calidad del alcalde. Dorado adelantaba que “va a producirse una nueva dimisión en el PP”, la de la concejala de Sanidad, Concepción Sánchez.
DESDE EL EQUIPO DE GOBIERNO
Por su parte, el equipo de Gobierno persiste en su intención de realizar el cambio de gestión de la empresa municipal de Aguas y adjudicar parte de la gestión a Aqualia. Diego Ortega insiste en que “es la mejor forma para dar solución a la quiebra que ocasionaron los socialistas durante su gestión”. Remarcó que “ha sido una decisión tomada democráticamente y con transparencia” y volvió a acusar al PSOE de “organizar con este encierro una manifestación encubierta”. En ningún momento contemplan la posibilidad de realizar un referéndum.
“¡NO NOS MOVERÁN!”
Este sigue siendo el lema de las 20 personas que permanecen encerradas en el Ayuntamiento y que aseguran que “no se irán” hasta que “se les escuche” y consigan que se realice la consulta popular. Así lo confirmaba Juan Barrilero, “si tan seguros están que el pueblo está de acuerdo con la privatización y que los que montamos este revuelo somos cuatro. ¿A qué tienen miedo?. Que hagan un referéndum y si los ciudadanos dicen sí a la privatización nosotros nos retiramos”.
