Cargando...
Este primer pleno extraordinario y urgente convocado para debatir las propuestas de la Plataforma Contra la Privatización de Agua comenzó con la argumentación de los motivos por lo que este colectivo se opone al cambio de modelo de gestión. Luis Miguel López explicó que una medida de estas características “necesita una decisión meditada” porque es para los próximos 25 años. Insistió en que su pretensión es que Aguas de Alcázar “continúe siendo pública y municipal” y pidió que antes de adoptar la decisión, tomaran en consideración la opinión de los ciudadanos a través de la celebración de una consulta popular, referéndum que “solicitan más de 10.000 firmas”. Reiteró que “ningún partido llevaba esta medida en sus programas electorales” y apeló a la “responsabilidad” de cada uno de los ediles del equipo de Gobierno, a los que llamó por su nombre de pila, antes de que emitieran su voto. Por último, aseguró que si se celebrara el referéndum y la mayoría dijera que aprobaba el cambio del modelo de gestión de Aguas, “la Plataforma se disolvería en ese momento, sino pierden la oportunidad de demostrar dignidad política”, concluyó.
Después comenzaron las intervenciones políticas que inició la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa Melchor pidiendo que se cancelara el pleno de la adjudicación y solicitando la consulta popular. Se dirigió a la edil popular, Concepción Sánchez, de la que dijo “que presentó su carta de renuncia al cargo el 7 de febrero”, para pedirle que “no le hiciera una jugada al pueblo antes de marcharse” y mostró su confianza en que el alcalde reconsidere la situación que ha provocado el encierro de una veintena de miembros de la Plataforma en el Ayuntamiento. A este respecto se pronunció sobre el anuncio de sanciones a los encerrados, que dijo que están “secuestrados y en condiciones infrahumanas”. Desaprobó que la Policía “cargara contra jóvenes” y que “prohibieran a los concejales socialistas nuestro derecho a hacer uso de las dependencias municipales”.
El portavoz del Grupo Popular, Ángel Puente acusó a los socialistas de “demagogia” y de “haber creado un ambiente similar al del entorno vasco con fotos de los concejales colgadas en la pared del Ayuntamiento con insultos”, a un grupo, el del equipo de Gobierno, que “hemos demostrado ser diez valientes dispuestos a soportar a esta oposición con sus insultos trasnochados”. Calificó el día de “grande” porque tanto PP como CxA “vamos a poder votar a pesar de toda la instigación e incongruencia” de José Fernando Sánchez Bódalo y Rosa Melchor, concejales socialistas y vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, respectivamente. Por esta condición, les pidió responsabilidades y “coherencia” para solicitar que los pueblos, cuya gestión del agua depende de la institución provincial y ésta se hace a través de empresas privadas, sea pública y que pidan lo mismo en el resto de la región.
Puente añadió que el alcalde “ha demostrado representar la democracia dejando hablar al pueblo y a la Plataforma, que no es todo el pueblo” y recordó que “por tres veces los Juzgados han dicho que el equipo de Gobierno lo está haciendo bien y que la salida que tiene Aguas para compensar la deuda es ésta”, porque “el Ayuntamiento ya no se puede endeudar más”. Asimismo, subrayó que ésta no es la primera vez que se externaliza un servicio municipal, puesto que en legislaturas anteriores “se privatizó la limpieza viaria, el aparcamiento del centro y muchas más cosas y dónde estaban entonces las plataformas multicolores que siempre tienen a las mismas cuatro personas”, se preguntó para terminar su primera intervención, entre los gritos que profería la gente que estaba en el calle, que se escuchaban de una manera más notable cuando intervenía algún miembro del equipo de Gobierno.
En la segunda intervención, Melchor apeló a las creencias religiosas del alcalde para recriminarle “su actitud con los encerrados, porque hay que darle de comer al hambriento y de beber al sediento” e insistió en la convocatoria de una consulta popular porque “la democracia no sólo se ejerce cada cuatro años”.
El portavoz de Ciudadanos por Alcázar, Ángel Montealegre se refirió a la auditoría externa de Aguas y coincidente con los informes de varios interventores y de la secretaria del Consejo de Administración de esta empresa municipal. Todos ellos dicen que Aguas está “incursa en causa legal de disolución” porque arroja números negativos. Las soluciones son la capitalización por parte de la empresa o la búsqueda de capital y “si el Ayuntamiento no puede capitalizar”, como dicen los informes, “o se disuelve o se crea una empresa mixta que es el modelo del Partido Socialista”. La responsabilidad del equipo de Gobierno está “en mantener la calidad del servicio, las tarifas y la plantilla de trabajadores”.
«IRREGULARIDADES»
Montealegre acusó a la Plataforma de no interesarse por conocer la situación de quiebra de Aguas ni tampoco de saber quién la ha producido. En este sentido, recordó que Sánchez Bódalo “estuvo gobernando los últimos doce años y era el presidente del Consejo de Aguas y ahora está imputado por esta causa y por el juez Pablo Ruz, por su gestión en CCM, por lo que también está sancionado”.
En este punto subrayó que existe una querella con más de 50 expedientes en el Juzgado sobre “adjudicaciones irregulares y a dedo” que se hicieron en las anteriores legislaturas, al respecto de la empresa de Aguas, de las que Montealegre puso algunos ejemplos y repartió, entre los medios de comunicación y los asistentes al pleno, la documentación sobre los mismos.
Puente insistió en la necesidad de cambiar el modelo de gestión de Aguas con la participación de una empresa privada “para salvar la hacienda local” y acusó a los socialistas y a la Plataforma de “engañar con la excusa de la consulta popular, a sabiendas de que es ilegal”. El portavoz popular puso ejemplos de otras presuntas irregularidades cometidas por el anterior Gobierno municipal, encabezado por Sánchez Bódalo al que llamó “multi-imputado, que se ha unido a la Plataforma para montar circos”. Le acusó de “vender patrimonio fuera de control” y culpó a sus compañeros de bancada de “tapar sus fechorías”. Por parte del equipo de Gobierno, “se votará para garantizar la viabilidad de Aguas”, anunció.
«OBJETIVO: DAR VIABILIDAD A LA EMPRESA»
En “defender y dar viabilidad a la empresa para salvaguarla” basó su intervención el alcalde para cerrar el punto antes de someterlo a votación. Diego Ortega dijo que, de este modo, “se defiende el interés general, se mantienen las tarifas, los puestos de trabajo y sus condiciones laborales”, con una decisión adoptada desde “la transparencia y la legalidad”.
Insistió en que el servicio seguirá siendo municipal “como dice la ley”. La presidencia recae en el alcalde y el Ayuntamiento mantiene el control del servicio. “Es una opción posible, legal, legítima y es la tendencia de gran parte de ayuntamientos de España gobernados tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista”.
Ante la deuda de 8 millones de euros que tiene Aguas, “provocada por el PSOE, especialmente por Sánchez Bódalo, de no tomar esta medida, Aguas estaría abocada a la disolución”, “por la nefasta gestión” anterior. Se refirió a las 11.000 firmas de la Plataforma y señaló que tras cotejarlas, se ha comprobado que hay personas que no están empadronadas en Alcázar o que son menores de edad.
Ortega apeló a la “legitimidad democrática” que tiene el equipo de Gobierno que dirige, cuyos miembros “han propiciado otra manera de hacer política y que son los que tienen que tomar la decisión más adecuada para la ciudadanía de una forma legal, transparente y democrática”. En este sentido, recordó que mientras fue concejal de la oposición, “nunca se dejó hablar en el pleno a ninguna persona que no fuera edil”, y “se prohibió que los concejales de la oposición estuviéramos en las mesas de contratación”.
Ante esto pidió que dejaran a los concejales ejercer su función “sin insultos” y recordó que la democracia “se demuestra en las urnas y no con comportamientos violentos y con agresiones a concejales, comportamientos antidemocráticos que quieren imponer mediante el ruido, el desacato y la desobediencia, invadiendo el Ayuntamiento y promoviendo las revueltas”. También acusó a Melchor de “falta de respeto hacia las personas que están pasando hambre por su situación económica”, al decir que los encerrados pasan hambre y sed, “pero ellos están ahí por voluntad propia”.
Desde el público le profirieron insultos como “impresentable o tirano” cuando no le concedió la palabra a Sánchez Bódalo, que quiso preguntar a la secretaria si era necesario tener el voto de la mayoría cualificada para aprobar una decisión de estas características, algo que el alcalde ya había consultado. Otros insultos como “sinvergüenza”, también fueron pronunciados mientras intervenían Puente y Montealegre.
Tras la votación, se denegaron las propuestas de la Plataforma, con los votos de la mayoría del equipo de Gobierno y se levantó la sesión entre las voces de los asistentes a la sesión. Seguidamente se celebró el segundo pleno en el que se adjudicó la gestión mixta a Aqualia.
