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Tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anuló la licitación y adjudicación de la gestión mixta de Aguas de Alcázar, obligando a revisar los pliegos de contratación y reiniciar el proceso; en el pleno extraordinario y convocado de urgencia de este miércoles 14 de mayo, se han presentado los nuevos pliegos técnico-administrativos para su aprobación, que se ha hecho efectiva con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, que conforman el equipo de Gobierno y en contra del Grupo Municipal Socialista.
Desde el equipo de Gobierno, el concejal de CxA (UCIN) Mariano Ormeño explicaba en qué ha consistido esta modificación del pliego de condiciones para la contratación de la gestión del servicio de aguas durante 25 años, “plazo máximo que fija la ley en este caso”. Ormeño comentó que se han rectificado los puntos que hacían referencia a la acreditación de la “solvencia económica y financiera” tanto de las empresas que, por medio de concurso público, optan a la licitación como de la sociedad mixta que se creará después y que será la adjudicataria del contrato de gestión. Para ello se ha ampliado el capital, a través del valor de las acciones (66.000 euros) y la disposición de un capital inicial en torno al millón de euros “para que la sociedad que se haga cargo del servicio presente un patrimonio neto equilibrado, no negativo como es en estos momentos”.
Además explicó que la empresa privada aportaría un préstamo de 6 millones de euros “para cubrir la deuda” de Aguas de Alcázar con el Ayuntamiento. “Lo que haría que hubiera dinero cierto en el Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones, no unos remanentes ficticios”. A esto se suma el pago al Consistorio de un canon de 500.000 euros por la utilización del alcantarillado, más la inversión de un mínimo de 3 millones de euros a lo largo de los 25 años de vigencia del contrato. Ormeño remarcó que las instalaciones continuarían siendo municipales “porque sólo se contrata la gestión” y tras esos 25 años “seguirán siendo del Ayuntamiento si la empresa mixta desaparece”. Por otro lado, justificó la urgencia plenaria en el plazo para la presentación de cuentas y la “corrección del desequilibrio”, el próximo mes de julio que, de no hacerse, “por ley obligaría disolver la empresa”.
Desde la oposición socialista, su portavoz Rosa Melchor consideró, en su primera intervención, que la “forma” en la que se había realizado la convocatoria plenaria, de urgencia y “un día antes de una fiesta local” era una “falta de respeto a los vecinos que se oponen a la venta de Aguas” y volvía a repetirse el “mal estilo del equipo de Gobierno”. Aseguró que “no trabajan por el interés de los vecinos y por resolver la deuda, con su forma de actuar demuestran que hay otros intereses particulares ocultos”. Pidió al alcalde que “aprovechara la oportunidad” para dejar el asunto sobre la mesa y convocar una consulta ciudadana o que “fuera valiente” y lo “aplazara” hasta las próximas elecciones municipales, para las que sólo falta un año, “incluyendo en el programa de su partido la privatización de Aguas, para que los vecinos decidan lo que quieren en las urnas”.
En su segunda intervención, Melchor apuntó que “por ley no es necesario disolver la empresa, porque cuando se trata de un servicio como el abastecimiento de aguas, los plazos pueden prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2015 o en un segundo plazo hasta el 1 de diciembre de 2016”, por lo que desde su grupo “no consideran la urgencia”. También indicó que, según un informe de Intervención, “el desequilibrio financiero puede subsanarse mediante la subida de las tarifas” que evitaría la disolución de la empresa. Incidió en que con los nuevos pliegos “siguen haciendo lo mismo que ya hicieron, sólo han cambiado la denominación de la empresa mixta como una SPE (sociedad de procesos específicos)”. Dijo además que los pliegos no habían sido redactados por técnicos municipales y parecía que lo habían hecho “desde la empresa” a la que ya se le había adjudicado este servicio anteriormente a la anulación por el Tribunal Especial de Contratación.
También intervinieron Ángel Puente, como portavoz del PP y Ángel Montealegre, que aprovechó el segundo turno de palabra de su grupo CxA (UCIN). El primero hizo mención, nuevamente, a la “rareza” de la resolución del Tribunal Especial de Contratación, “integrado por ex altos cargos socialistas” que han hecho modificar unos pliegos “que no estaban recurridos”, como si “se lo hubieran dictado desde el PSOE de Alcázar”, siendo la “primera vez” que se daba una resolución similar en este tipo de procesos. Señaló que las acciones que está llevando a cabo el PP y el equipo de Gobierno son “en interés de los vecinos y no para ganar votos en las elecciones como hace el PSOE”. En su segunda intervención respondió a la portavoz socialista diciendo que “había dejado claro que existían dos políticas. La del PSOE que propone como solución subir la tarifa del agua para que sean los vecinos los que paguen la deuda; y la del equipo de Gobierno que opta por aportar soluciones que no graven a los ciudadanos”.
Por su parte, Montealegre apuntó que si se tuviera que disolver Aguas de Alcázar se dejaría en una situación “complicada” al personal que, por ley, “no pasaría” al Ayuntamiento manteniendo intactas sus condiciones laborales, pudiendo incluso “perder” su condición de personal fijo, aquellos que lo fueran. También aseguró que “remunicipalizar” el servicio supondría que la deuda de Aguas con el Ayuntamiento “desaparecería” con lo que “desaparecerían los remanentes” y se generaría “un problema de Tesorería, al no disponer de dinero líquido para hacer frente al agujero que generó el PSOE”, puesto que los “problemas económicos y financieros de Aguas” serían “heredados” por el Consistorio. También opinó que «si todo el pueblo está en contra del cambio de gestión de Aguas que nos echen con su voto en las próximas elecciones».
Antes de proceder a la votación, el alcalde de Alcázar, Diego Ortega quiso insistir en que el Tribunal que había anulado la licitación y adjudicación del servicio de Aguas es “administrativo” y no se trata de una “resolución judicial”. También insistió en que “estamos tratando de dar solución a la quiebra técnica de la empresa” y trasladó al PSOE “con su forma de actuar les están generando problemas a sus compañeros de partido que tienen privatizado el servicio en otras localidades”.
Tras la aprobación de los pliegos, las empresas que quieran optar a la licitación dispondrán de un plazo de 26 días para presentar sus ofertas, desde la publicación en el BOP. Se estima que la conclusión del proceso, hasta su adjudicación, puede llevar en torno a dos meses.
