Cargando...Tras las palabras de bienvenida de Juan Garrido, portavoz de la Plataforma, se realizaron cuatro ponencias, seguidas de un turno de preguntas. Erika González de Ecologistas en Acción, comentó “la importancia del trabajo en redes como herramienta básica para luchar contra los movimientos privatizadores”. Opinó que “nos movilizamos porque, cuando privatizan el agua, consideramos que nos roban un bien común y somos conscientes de su gran valor, a pesar de haber sido declarada un derecho humano por la ONU de forma tardía en 2010. Ante la opacidad que suele rodear todos los procesos privatizadores, la forma de oponerse y luchar que tenemos los ciudadanos no es otra que la toma de conciencia y la información, unidas a la presión social y política, sin olvidar la vía jurídica. Finalizó explicando que la RAP, nace para coordinar movimientos, como espacio de encuentro e intercambio de experiencias, apoyo a las movilizaciones para lograr que el agua siga siendo 100% pública y buscar estrategias comunes. Estos procesos afectan a todo el Estado Español, incluso a toda Europa, superando localismos. Se necesitan propuestas legislativas locales, estatales y europeas para cambiar las actuales leyes, que permitan modelos de gestión pública, transparente, participativa y democrática. El único objetivo que persiguen todos estos movimientos es conseguir la justicia para toda la ciudadanía”.
También participó Pablo Sánchez Centellas, miembro de la EPSU (Sindicatos de Servicios Públicos Europeos) en Bruselas, organización sindical que planteó la ICE (Iniciativa ciudadana europea) del agua “como derecho humano, no como mercancía”. En esta iniciativa se pedía a la Comisión, que se incluyesen en la legislación europea los criterios de la ONU aprobados en el 2010. En esta campaña se recogieron más de dos millones de firmas.
Centellas planteó que “la lucha por el agua se está desarrollando en toda Europa, citó ejemplos en Tesalónica (Grecia), Italia en la que se realizó un referéndum, en el cual votaron 26 millones de personas contra la privatización, en Montpellier (Francia), donde se ha remunicipalizado, en Berlín, Lituania, Irlanda donde ha comenzado la privatización con la instalación de contadores de agua, etc. El ponente dejó en evidencia que estamos inmersos en una lucha para evitar la privatización y defender los derechos humanos que comienza a tener efectos a nivel europeo”.
El profesor Pedro Arrojo de la Fundación Nueva Cultura del Agua, “con su estilo cercano y directo”, hizo un rápido análisis de los modelos de privatización que “parten de la ideología neoliberal”, con el lema “sobra estado y falta mercado”, que “ha llevado a los distintos gobiernos a una degradación sistemática de lo público”. Defendió lo público como “la única posibilidad de conseguir amortiguar las desigualdades, puesto que el mercado ofrece sólo el servicio al que lo puede pagar, convirtiendo a los ciudadanos en clientes cautivos. Bajo el lema de la austeridad, los ayuntamientos, con el único objetivo de hacer caja, venden sus servicios públicos. En el caso del agua, las multinacionales consiguen en el modelo de gestión mixta, el control y la información, obteniendo los beneficios derivados, no sólo de su supuesto “Saber hacer”, sino del control de todo lo necesario para la prestación del servicio (tuberías, software, papelería, publicidad…), comprándolas directamente a las empresas de su grupo, al precio que ellos mismos estipulen, evitando concursos públicos. Estos sobrecostes recaen directamente en los usuarios del servicio. La palabra “austeridad”, usada bajo el lema del neoliberalismo es igual a sabotaje social”. Como alternativa a esta situación, propone “la participación democrática permanente de la ciudadanía para evitar la degradación de lo público”. Terminó defendiendo que “sólo se debería pagar el coste del servicio y que no debía existir ánimo de lucro que lo encareciese”.
Jaime Morell de la Asociación de Operadores Públicos de Aguas (AEOPAS), defendió que la gestión pública del agua “es un derecho ciudadano y humano, cuya propiedad corresponde a la ciudadanía. Estamos dentro de un sistema representativo, en el que nuestros representantes políticos deberían velar por los derechos ciudadanos, cuando paradójicamente, en el caso del agua, ningún partido incluye en su programa lo que va a hacer con su gestión. Esto lo achacaba a su lejanía con los ciudadanos. Lo que necesitamos en estos momentos es una regulación en la legislación, en la que se establezcan criterios objetivos, medibles y aplicables a todo el estado, que permitan contrastar la calidad y eficiencia del servicio: transparencia, información, calidad del servicio, atención al ciudadano, estándares de calidad participación de la ciudadanía, rendimiento de cuentas, etc. Es posible llevar a cabo dichos criterios mediante la presión ciudadana para obligar a los políticos a legislar en esta dirección”.
