LA cifra mágica que el Ministerio de Sanidad y Política Social, destinará con carácter de urgencia a los servicios públicos de las distintas comunidades y ayuntamientos, para satisfacer las necesidades básicas de las familia, en riesgo de exclusión con menores a su cargo, es de 17.2 millones de euros.
Aunque no existe ningún índice universalmente aceptado que defina la pobreza y menos aún, la pobreza infantil, la propia ONU, CÁRITAS, el INE, emplean otros parámetros, el criterio de medición de riqueza tenido en cuenta, para la distribución de los recursos asignados, ha sido un indicador social llamado AROPE (At Risk of Poverty Ros Social Exclusión), establecido por la Estrategia Europa 2020, mediante el cual, se define el número de personas en riesgo de pobreza que viven con bajos ingresos, sufren privación material severa, y viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja. La tasa empleada compara situaciones entre países muy distintos y por ello, el resultado de la distribución de recursos ha sido muy desigual. Mucha fórmula y poco sentido común.
Cerca de tres millones de niños se encuentran bajo el umbral de la pobreza en España, y somos el segundo país de la UE más incapaz de reducirla. Actualmente el porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25,19%, lo que significa 3,7 puntos por debajo de la media europea, cuando España es el octavo país de la Unión con mayor tasa de pobreza infantil.
La población afectada en Castilla-La Mancha se sitúa en el 31,3 por ciento, según la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos nos enfrentan a una realidad terrible: demasiados niños pobres que carecen de nutrición, educación, de medicinas básicas, y que corren riesgos de explotación.
Según datos facilitados por la Consejería de Igualdad, Salud y Política Social la fórmula AROPE le ha aportado a nuestra Comunidad la cantidad de 1.163.807 euros, lo que significa que la asignación a cada menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión es de 7,95€. ¿Cuántos de ellos llegarán a Alcázar de San Juan, nuestro pueblo, y cuántos niños alcazareños serán beneficiados por esta medida?
Haría falta un análisis práctico para conocer la realidad en nuestro municipio, que permita obtener un diagnóstico riguroso de la situación, y a partir de ello, definir una estrategia de actuación y destinar los recursos materiales, humanos y formativos que sean necesarios para abordar de manera eficaz este problema.
El problema real es que existen muchos niños pobres que no pueden comer y parece que esta realidad no se percibe con la nitidez precisa. Quizá porque a algunos de los responsables de definir criterios, no les afecte directamente, ya que la pobreza infantil, no parece que será una preocupación para ellos y para sus familias.
¿Por qué los agentes políticos, sociales, económicos y ciudadanos en general, no hacemos lo suficiente para erradicar este grave y acuciante estado de la cuestión? De hecho, de no ser por la actuación de cientos de personas voluntarias, miembros de organizaciones sociales y religiosas, como Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas, Mensajeros de la Paz, Oxfán Intermón, Unicef, entre otras, que ayudan en gran medida a paliar parte del problema, la situación sería muy distinta. Todo es mejorable y la puesta en marcha del Fondo Extraordinario contra la Pobreza Infantil es, en principio, un buen acierto, siempre y cuando estas ayudas lleguen donde deben.
Reducir la pobreza infantil es una obligación legal, que nuestros gestores políticos deben de asumir como compromiso principal, y moral, de todos los ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Lo que verdaderamente habría que hacer es cambiar las palabras por acciones concretas y cumplir los objetivos señalados en el Desarrollo del Milenio con ánimo de poder decir muy pronto que, en Alcázar de San Juan, no hay ningún niño pobre, gracias a la actitud de todos sus ciudadanos.
