Cargando...Manuel Fernández, de la Sindical Obrera, expuso que, en todo el país, “están aumentando los casos de represión contra los trabajadores y los activistas sindicales y sociales”. Habló de casos como el del joven madrileño Alfonso, para el que piden cinco años y medio de cárcel por participar en un piquete en la Huelga General del 14 de noviembre de 2012, afirmando que portaba una mochila con explosivos “de lo que no han podido aportar pruebas”. Otros como las luchas mineras de Asturias y León de 2012 o el alto número de personas en toda España que se enfrentan a penas de cárcel o sanciones “por manifestarse en las calles luchando por sus derechos”. Una situación que tras la ‘ley mordaza’ desde la CGT aseguran que “ha ido en aumento, puesto que acciones que antes estaban tipificadas como faltas ahora son delitos”.
Castilla-La Mancha “no está libre de esta represión”, dijo Fernández que presentó a Jonatan Rodríguez, de la CGT de Villarrobledo que ha vivido en primera persona el ser denunciado por manifestarse contra la política regional, en julio de 2013, en una visita que la presidenta de Castilla-La Mancha hizo a Villarrobledo. Jonatan comentó que, junto a 30 personas más, ha sido sancionados con una multa de 150 euros por “proferir gritos y pitadas incitando a los asistentes al acto a que se unieran y alterando la Seguridad Ciudadana”. La sanción llegó tras una identificación rutinaria. Las sanciones se han recurrido hasta la última instancia donde, explicó, “se paraliza el proceso”. Aseguró que esta práctica “es muy habitual”. Así está sucediendo también en Alcázar de San Juan con algunos miembros de la Plataforma del Agua y sucedió durante la “carga policial” a consecuencia del encierro en el Ayuntamiento de este colectivo. Jesús Ramos, padre del joven de 20 años detenido tras estos altercados, comentó que su hijo fue detenido por “resistencia a la autoridad y agresión” y permaneció en dependencias policiales desde las dos de la tarde a las nueve de la noche, cuando su abogada “ya que mi hijo no tiene antecedentes, ni ha ocasionado nunca ningún problema”, no vio ningún motivo para que siguiera detenido. A fecha de hoy están a espera de juicio.
Desde la Sindical Obrera comentaron que esta represión se da también en el ámbito laboral, como es el caso de Arturo Acón que fue “despedido por ejercer su función sindical en defensa de los trabajadores”. Como él mismo explicó “este es el motivo que argumentó RENFE en mi carta de despido, ya que consideró que mi defensa de los trabajadores iba en contra de la empresa”.
Todas estas situaciones se expusieron a los asistentes en la sede de la CGT alcazareña, al igual que se está haciendo en otras ciudades de todas las Comunidades Autónomas españolas, para intentar coordinar una respuesta a través de una gran movilización prevista para febrero de 2015, con la intención de “denunciar y frenar la represión” y conseguir que dejen de producirse “falsas denuncias” y “multas por identificaciones aleatorias que pueden llegar hasta los 600 euros”, concluyó Manuel Fernández, que consideró que los “falsos denunciantes también deberían ser multados de oficio”.
