En nota de prensa, los socialistas quieren «dejar claro que esta sentencia no afecta al fondo del proceso, sino sólo a la medida cautelar. El proceso principal, interpuesto por vulneración de Derechos Fundamentales y en el que se solicita la nulidad del pleno del 14 de octubre de 2.013, en el que se acordó el cambio de gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, y por tanto, de los acuerdos en él adoptados, sigue su tramitación en los Juzgados Contencioso Administrativo de Ciudad Real. Aclarar en consecuencia que no estamos ante una resolución que resuelva sobre el fondo de la cuestión y que ésta todavía no se ha producido».
Esta sentencia se refería «únicamente» a la medida cautelar de suspensión del acto recurrido, esto es, la suspensión de la firma del contrato «de venta de Aguas, que como ya es sabido se hizo efectiva el pasado mes de septiembre. Por tanto, esta sentencia nada añade o quita ya al proceso, porque el retraso de casi un año en dictar sentencia ha facilitado que lo que se pretendía evitar, se realizase antes del pronunciamiento judicial».
«Recalcando el respeto que este partido siempre ha demostrado por la resoluciones judiciales, no por ello vamos a dejar de demostrar nuestro total desacuerdo con su contenido. El fallo se basa en que no es imposible revertir el proceso de venta de Aguas en el caso de que se produzca una sentencia estimatoria sobre el fondo (en lo que seguimos confiando), sería costoso, pero no imposible». En su Fundamento cuarto la sentencia dice que “Ya hemos señalado que el auto apelado reconoce que una eventual sentencia favorable a la petición de la parte actora implicaría cambios costosos, pero ello no significa que sea imposible de ejecutar, de tal manera que no pierde la finalidad legítima el recurso”.
«Tanto nosotros como el Ministerio Fiscal, que se adhirió a la apelación y solicitó la estimación de nuestro recurso, no podemos estar más en desacuerdo, puesto que son precisamente esos cambios costosos los que tratábamos de evitar, ya que los mismos recaerían en todos los habitantes de Alcázar de San Juan, y no queremos que nuestros vecinos paguen nada por recuperar lo que es suyo».
El Grupo Municipal Socialista «siempre ha entendido que las sentencias y las leyes están para cumplirlas, y así lo hará, incluido el abono de las costas, lo que no nos resta decisión para seguir oponiéndonos con todos los medios a nuestro alcance al regalo que PP y CxA le han hecho a Aqualia».
Por último, destacar que el compromiso del PSOE para que la empresa de Aguas sea de nuevo pública «se mantiene intacto, y que seguiremos presentado cuantos recursos judiciales o de cualquier tipo nos deje la legislación, y que si en mayo los alcazareños nos dan las responsabilidades de gobierno, iniciaremos la remunicipalización de la misma».










































































