El portavoz del PSOE alcazareño, Javier Ortega, transmitía a los medios la intención de su partido de promover una “lucha eficaz” contra la corrupción política, “más aún después de los últimos casos que se están dando a nivel nacional y que terminan por salpicar también a Castilla La Mancha». Los socialistas consideran que la Justicia debe ser “contundente” y llegar hasta final de las tramas destapadas, “caiga quien caiga”, dijo Ortega. En este sentido apuntó que los casos que han afectado al PSOE su partido “ha respondido con contundencia” y “no ha permitido que ni un solo corrupto siga dentro del Partido Socialista”, lo que dijo contrasta con la reacción del PP “que esperan a que se den de baja, como ha sucedido con Rodrigo Rato y hacen amnistías fiscales que los arropan”.
En cuanto a Castilla La Mancha, señaló que el nombre de su presidenta “siempre sale cuando se destapan tramas a nivel nacional” y mencionó el caso más reciente, el del presidente de la empresa de gestión de residuos radiactivos, ENRESA, Francisco Gil Ortega, ex alcalde de Ciudad Real, diputado regional del PP y persona de confianza de Cospedal que “lo puso en esta empresa”; a la que supuestamente ha cargado gastos sin justificar. Tanto en el Congreso de los Diputados, como en Las Cortes Regionales, el PSOE ha promulgado iniciativas, apoyadas por todos los partidos con representación, para tratar el tema de la corrupción; iniciativas que no has prosperado por la oposición del PP. “Rajoy y Cospedal deberían dar explicaciones sobre lo que está sucediendo y asumir responsabilidades”, dijo Ortega.
Ante esta situación, el PSOE ha elaborado una propuesta de 30 medidas para “luchar contra la corrupción”, que llevarán al Parlamento en caso de volver a gobernar. Entre éstas, el agravamiento de las penas por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, así como el blanqueo en el caso de cargos públicos; sacar a los políticos de órganos como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, entes de comunicación públicos como RTVE, del Tribunal de Cuentas, el Banco de España o el Defensor del Pueblo; obligar a los corruptos a responder con su patrimonio para devolver el dinero que se han llevado; la suspensión de altos cargos y parlamentarios implicados en casos de corrupción; castigar como delito la financiación irregular de los partidos o limitar el mandato del Presidente del Gobierno a dos legislaturas.
