Cargando...El beneficio para los vecinos no parece ser la causa por la que se privatizan los servicios de abastecimiento de agua, al menos esto es lo que se deduce del informe elaborado por IU, basado en la realidad de más de una decena de pueblos castellano-manchegos en los que este servicio está gestionado por empresas privadas desde hace tiempo. “El servicio no mejora, ni es más barato, ni los trabajadores tienen mejores condiciones laborales”, comenta Juan Ramón Crespo, Vicecoordinador regional de IU, una de las personas que han participado en la elaboración del informe. “El agua en manos públicas ofrece más calidad y mayores garantías. Las únicas que ganan con la privatización son las empresas”.
IU ha elaborado este informe para darlo a conocer a los ciudadanos y crear espacios de participación para “buscar soluciones y que estas privatizaciones no continúen, ya que el agua es un derecho humano, no una mercancía”. Otro de los objetivos es la actuación política, a través de la presentación de mociones en los diferentes Ayuntamientos, para evitar, entre otras cosas, que las empresas privadas puedan cortar el suministro por falta de pago. También les servirá para el inicio de actuaciones jurídicas en caso de “sospecha de delito” o “posibles irregularidades” en la concesión o incumplimiento de los contratos de gestión.
En la mayor parte de los casos estudiados, el motivo que aluden los Ayuntamientos para privatizar el servicio de agua es la “quiebra” o la “deuda” del mismo. Se opta por la privatización como un “modo de financiación” ante la “asfixia económica” de los municipios. Los servicios que se privatizan, en su gran mayoría, son eficientes y viables.
“Es muy difícil explicarle a los ciudadanos lo que está pasando con el agua cuando ven que abren el grifo y tienen abastecimiento; pero si se les dice que podrían pagar menos en sus recibos, tener un agua de mejor calidad y una gestión más transparente en manos públicas, entonces sí que lo entienden”, dice José María Fernández, responsable del grupo de IU encargado del estudio del agua. Fernández pone de relieve que, debido a las privatizaciones, se producirán cada vez más “desahucios hídricos”; es decir, cortes del suministro por falta de pago. Cuando se produce este corte, no se restablece el servicio hasta 21 días después de saldar la deuda y el reenganche puede suponer el pago de entre 70 y 160 euros. Según los datos de AEOPAS, 300.000 familias en España tendrán problemas para hacer frente al pago de los recibos del agua. La gestión privada convierte a los ciudadanos en clientes, limitando el acceso a este servicio a quienes puedan pagarlo. “En IU defendemos que el agua es un derecho humano y, por tanto, el acceso a ella tiene que ser universal”. En este sentido irán encaminadas las acciones de IU para conseguir un ‘Pacto Social por el Agua Pública’ en todos los municipios castellano-manchegos.
Por otra parte, también se desprende de este informe que las concesiones privadas se están realizando a empresas que “nada tienen que ver con la gestión del agua”, sino que su actividad está normalmente vinculada a la construcción. “Los Ayuntamientos salvan su deuda concediendo la gestión por 25 años y cobrando un canon, pero pierden la posibilidad de sacar a concurso público las obras que se realicen en el ciclo hidráulico, ya que son las empresas gestoras las únicas que pueden decidir y las conceden a empresas ligadas a su grupo y a precio de oro. Además, tampoco tienen que justificar que estas obras se han realizado”, aseguraba Fernández. “Están cambiando la burbuja inmobiliaria por la burbuja del agua”.
En cuanto a las tarifas, explicó que la forma de cobrar estas obras es a través de “incrementarlas” con el establecimiento de tramos de consumo. El primer tramo, entre 0 y 15 metros cúbicos, suele ser barato y, a partir del segundo (en el que se situaría el consumo normal de una familia) “meten el hachazo”.
Desde IU apuestan por la “remunicipalización” de este servicio en los lugares en los que la gestión es privada o mixta y en esta dirección trabajarán en sus programas y acciones políticas; denunciando cualquier irregularidad que pueda ser susceptible de delito o ilegalidad, como incumplimientos de contrato, falta de estudios, obras sin control, pliegos de condiciones, etc. Así como en aquellos municipios en los que se esté desarrollando una gestión privada “sin licitación, ni contrato previo”. En este sentido, tan sólo han detectado un caso en Castilla La Mancha, en la población toledana de Sonseca, donde se realizó una adjudicación directa del servicio en 1991 por un año improrrogable, tras el que se volvió a conceder la cesión sin los informes pertinentes y sin la aprobación de pliegos de condiciones.
Tras este estudio, se deduce que “el agua es un negocio con futuro y no es valorada como derecho”. En España, el 80% se lo reparten entre Aquagest y Aqualia; ambas vinculadas a empresas constructoras.
