Las propuestas de STE no van encaminadas sólo a la defensa de los derechos particulares de los docentes, también en favor de la educación pública, laica e inclusiva y por la derogación de la LOMCE. Consideran que los recortes que se han llevado a cabo, en los últimos años, en todos los servicios públicos y especialmente en la Educación “han repercutido negativamente en la calidad de la enseñanza”. Así lo trasladaba a los medios Andrés Carmona, representante de STE en la comarca de Alcázar de San Juan y una de las personas incluida en la candidatura a las elecciones sindicales de la enseñanza.
STE es un sindicato autónomo, asambleario, participativo y democrático que basa su acción en las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza; quienes toman las decisiones en cuanto a las acciones que emprende STE. Se definen a ellos mismos como un “sindicato de clase”, puesto que representan a trabajadores, y socio-político, ya que tratan de presentar alternativas a la política educativa, están en contra de la LOMCE y persiguen su derogación, así como la del Artículo 135 de la Constitución española “que antepone los intereses financieros a las personas. Como educadores queremos ofrecer una educación integral para la formación como personas”. Así definía Matilde Castilla, delegada sindical de STE, la filosofía de este sindicato que también calificó como “feminista”, ya que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y prepondera la representación de las mujeres en los órganos de decisión. “La mayor parte de los trabajadores de la enseñanza son mujeres”.
Desde STE denuncian la “pérdida de calidad educativa” que están ocasionando los recortes y el “empeoramiento” de las condiciones laborales del gremio. En la provincia de Ciudad Real, en los últimos años, se han perdido más de 5.000 puestos de trabajo en la Ensseñanza y se ha despido en torno a 6.000 interinos, a lo que se suma la “precariedad” en el empleo a través de la amortización de plazas, traslados forzosos y reducción de jornada. Denuncian la “imposibilidad” para conciliar la vida familiar y laboral, el “trasvase de horas” de otras materias para impartir religión en educación infantil y primaria y la “falta de criterio” a la hora de convocar oposiciones, entre otras cosas.
