El informe pericial solicitado por la jueza del juzgado de instrucción Nº 2 de Alcázar de San Juan, para saber si hubo “sobrefacturación” en las obras realizadas por Aguas de Alcázar para el Ayuntamiento de la localidad; señala que esta empresa municipal facturó al Consistorio en torno a 1.300.000 euros más. Al respecto de este informe, que José Fernando Sánchez Bódalo dijo conocer, señaló que también apunta el perito que existen otras obras que realizó Aguas y que no facturó al Ayuntamiento, “por lo que al final esta cantidad está compensada al céntimo, todo está justificado”, insistió. “No hay que olvidar que Aguas y el Ayuntamiento eran una misma cosa. Las obras se compensaban, por lo que no existe sobrefacturación”.
En cualquier caso, Bódalo mostró su tranquilidad, “porque a mi cuenta bancaria no ha ido a parar esa cantidad, ni tampoco a la de Benito Montiel y es fácil de comprobar”. Recordó que ya ofreció sus movimientos bancarios, así como su declaración de renta, con la imputación de CCM y también en relación a esta querella. “He dicho, desde el primer momento, que se me investigue todo lo que quiera, a mi y a mi familia”.
En cuanto a la acusación de la existencia de una “trama de corrupción” en la anterior gestión de Aguas de Alcázar, Bódalo opinó que “son palabras mayores” y que el proceso “acabará por volverse en contra de quiénes están acusando”. También señaló que la querella de Aguas, en la actualidad, “nada tiene que ver con la querella inicial. La han ido cambiando a su antojo para justificar la venta de Aguas. Como vieron que acusando al alcalde y al concejal del Ciclo Hidráulico no conseguían nada, han ido acusando a los funcionarios y ahora también al anterior gerente. Lo único que pretenden es generar confusión, sacando todo de contexto. Yo confío en que, con el tiempo, el juez o el fiscal tendrán que parar y acabar con esto. Se acabará demostrando que la gestión socialista al frente de Aguas fue impecable y que se consiguió modernizar las infraestructuras, poniendo a Aguas de Alcázar a la vanguardia del país”.
Bódalo comentó también para manchainformacion.com que a uno de los funcionarios que “trataron de acusar” por haber percibido 200.000 euros “de forma ilegal”, ha demostrado, por la vía laboral que “esto era incierto”, reconociéndosele que “el dinero percibido era legítimo, puesto que correspondía a un trabajo que había realizado”.
En resumen, aseguró que esta querella “es un proceso inquisitorial para justificar la venta de Aguas y hacer un tipo de política que consiste en derribar al adversario, en lugar de ganar votos por una buena gestión”. Por su parte, lo único que espera es que este proceso “termine cuanto antes y se demuestre la verdad”.
