Con esto, la concejala Regina Leal explicó que su Grupo no está en contra de que se ponga en marcha esta medida cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la entiende además como una alternativa para mover la actividad económica, tal cual se plantea la medida, sin embargo entiende que no es el momento adecuado para aplicarla teniendo en cuenta que hay plazo para hacerlo hasta el año 2015 por un lado, y que “este año 2012 es el más difícil de la crisis que está afectando seriamente a la vida de la ciudadanos, por lo que además gravarles por las viviendas que no han sido inspeccionadas en cincuenta años, sería mucho”. Leal aseguró que existen otras fórmulas para movilizar la economía “como exigir que se empiecen a realizar las obras licitadas por la Junta de Comunidades”.
De las más de 4.000 viviendas a inspeccionar por este concepto en Alcázar de San Juan, el Grupo Socialista calcula que “unas 1.500 estarán habitadas por personas en situación de paro” y esta inspección requiere de inversión económica para subsanar los posibles desperfectos que se encuentren en pro de garantizar la seguridad.
La concejala Ana Belén Tejado por su parte, señaló que el Grupo Municipal Socialista “está denunciando sistemáticamente que el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar llevan 9 meses sin gestionar nada, por eso no entendemos que ahora se dediquen a gestionar lo que perjudica a las familias de Alcázar de San Juan, cuando ni siquiera han sido capaces de sacar los presupuesto de 2012 adelante ni tomar ninguna medida”, ni “tampoco han licitado ni una sola obra para crear empleo ni para mantener las inversiones comprometidas por otras administraciones”.
Por último, indicó que en otros municipios de la provincia de Ciudad Real de características similares a las de Alcázar de San Juan o incluso con mayor número de habitantes “no se están dando tanta prisa para aplicar esta norma y nosotros entendemos que se puede retrasar”.
