La Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) aplaude el anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de impulsar una Ley de Segunda Oportunidad para los autónomos. El vicepresidente de la AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa, destaca que esta iniciativa “permitirá a los pequeños empresarios que fracasen en su primer negocio iniciar otro proyecto sin que Hacienda, la Seguridad Social y los bancos le asfixien como ahora sucede”.
El proyecto del Ejecutivo central prevé que pueda haber quitas en las deudas cuando se demuestre que el cierre se produjo por causas económicas justificadas y no fraudulentas. La AEFCLM considera que facilitar moratorias en las deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social generará más ingresos a la larga que un afán recaudatorio a corto plazo que suponga la desaparición de la empresa.
Para la AEFCLM no es de recibo que a estas alturas se hayan destinado grandes esfuerzos económicos a resolver los problemas del sector financiero y tan pocos a apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las PYMES, lo que hubiera supuesto menor destrucción de empleo.
Desde la AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa pide, mientras llegan estas soluciones, que se establezca “un límite en el embargo que permite la actual legislación y que alcanza a todos los bienes presentes y futuros del autónomo hasta el pago total de su deuda, lo que hace que sea un milagro su supervivencia”.
INFORME DEL FMI
Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), España junto a Hungría, Bulgaria y Croacia son los únicos países de la Unión Europea (UE) que no dan segundas oportunidades a los empresarios.
El FMI considera que la dureza de la normativa española podría ser contraproducente y, en su último informe sobre España, recomienda estudiar a fondo la aplicación del “fresh start”, esto es que las personas que cumplan determinadas condiciones tengan la posibilidad, pasado un tiempo, hacer borrón y cuenta nueva y olvidar sus deudas, evitando así que puedan refugiarse en la economía sumergida.
También la UE ha recomendado a los países miembros que desarrollen sus leyes de segunda oportunidad que permitan a los empresarios liquidar las deudas en el plazo máximo de tres años.
A juicio de la UE, “tras quebrar, los empresarios honrados deberían conseguir rápidamente una segunda oportunidad porque está demostrado que tienen más éxito la segunda vez”.








































































