Cargando...Una veintena de personalidades de la vida pública española -políticos, deportistas, intelectuales, empresarios…- hablaron sobre la Monarquía y el primer año de reinado de Felipe VI en un programa por lo general bastante insípido, en cierta medida una ocasión perdida para analizar con profundidad y lejos de lo cortesano el papel trascendental de la Monarquía en la España actual y futura.
Entre los que tomaron la palabra estaba Pablo Iglesias, líder de Podemos. Al escucharle empecé a inquietarme, porque en apenas unas semanas ya van dos afirmaciones del joven politólogo con las que no puedo estar más de acuerdo. La primera, en una entrevista de la prensa escrita, y que dejaré para una reflexión futura, radica en señalar que en España hay demasiadas universidades. La segunda, de este sábado en Informe Semanal, que todas las instituciones que tengan que representar los poderes del Estado deban ser elegidas democráticamente. No me cabe matización alguna.
Lo que no me acaba de cuadrar es que el líder de Podemos -con unos planteamientos claramente republicanos- haya hecho esta afirmación, tan favorable a la monarquía parlamentaria de la que gozamos en España, en la medida en que entiendo que lo hace tratando de subrayar una deficiencia democrática de la Jefatura del Estado encarnada por la Corona. Se me hace difícil suponer que no sea consciente de lo que está diciendo. Simplemente porque sería desconocer las bases mínimas de la teoría del Estado y de los poderes públicos. Desde mediados del siglo XVIII nos ha quedado claro que en cada Estado hay tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y que en aras de la libertad, estos deben estar separados. No sólo todo politólogo, sino todo estudiante que haya superado la Secundaria conoce esta constatación que Montesquieu dejó consagrada en su El espíritu de las leyes.
Y en efecto, suscribo letra por letra lo que dice Pablo Iglesias. Por consiguiente, si la Jefatura del Estado en una Monarquía parlamentaria estuviera dotada de alguno de los tres poderes antes citados, aquella debería ser elegida por sufragio universal. No cabría ninguna excusa, ninguna justificación para que fuera de otro modo. Pero resulta que a la Jefatura del Estado no le corresponde ninguno de esos poderes. La Constitución así lo determina: el ejecutivo lo desempeña el Gobierno; el legislativo, el Parlamento y el judicial, el conjunto de los jueces. Al Jefe del Estado se le atribuyen otras funciones -representación del Estado (que no de los ciudadanos individualmente, que ya están políticamente representados en sus ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamento nacional…); símbolo de la unidad y permanencia del Estado; arbitrio y moderación del funcionamiento normal de las instituciones… Unas funciones que, en razón de su naturaleza, no precisan de una legitimidad que pase por las urnas, sino que estriba en otros órdenes y planteamientos. Una legitimidad de ejercicio, además del peso de la historia (sufragio universal de los siglos, en feliz expresión de Luis María Anson) figuran entre los más destacados.
Sin embargo, resulta además que en el caso concreto de España la presencia de la Corona en la Jefatura del Estado está determinada por ese marco jurídico máximo de la democracia española, que es la Constitución de 1978, aprobada por abrumadora mayoría de la sociedad. Quienes redactaron la Carta Magna tuvieron bastante claro que las funciones que se querían atribuir a la Jefatura del Estado, las cumpliría infinitamente mejor una institución que no debiera su posición al vaivén de las coyunturas políticas y sociales del momento, una institución que no fuera sustentada por un partido político u otro, por una mayoría social u otra, a la que deberle su elección, a cuyos intereses particulares someterse. A todos nos extrañaría que el árbitro de un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barça tuviera carnet de socio de alguno de los dos clubes. Lo mismo ocurre con la Jefatura del Estado. El árbitro de las instituciones, el símbolo del Estado y de su unidad no puede pertenecer a alguno de los partidos políticos en liza.
Aplaudo, en definitiva, la cristalina explicación que nos ha ofrecido Pablo Iglesias acerca de la ausencia de necesidad de una legitimación electoral de la Corona para ocupar la Jefatura del Estado en una Monarquía parlamentaria como la nuestra. Cosa aparte sería comprobar si lo hizo a sabiendas.
