La realidad es que si bien, la Junta de Comunidades, en el ejercicio de sus competencias, ha reducido la cuantía del complemento anual a las pensiones de viudedad, especialmente bajas y no contributivas de jubilación e invalidez, a 120 euros, esta cantidad continúa superando la aportación de otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, cuya cuantía es de 107 euros.
Asimismo, el motivo por el que la Junta de Comunidades ha decidido eliminar los complementos de las ayudas pertenecientes al Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS) y de las personas con discapacidad, correspondientes a la Ley de Integración social para Personas con Discapacidad (LISMI), es que trata de unas ayudas a extinguir desde 1992, fecha desde la que no han admitido nuevos beneficiarios
Con respecto a la afirmación de El País de que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha retirado la gratuidad del transporte por carretera para los mayores de 65 años y pensionistas por invalidez, es necesario recordar que esta medida ya se viene aplicando desde el 1 de enero de 2012, ya que está incluida dentro del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos puesto en marcha por este Gobierno.
Su aparición ahora en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha es una cuestión meramente formal. Asimismo, esta medida no ha suscitado ningún tipo de respuesta negativa por parte de los ciudadanos a lo largo de todo este semestre, dado que no era una ayuda justa por primar de la misma forma las rentas altas que bajas.
Asimismo, también es falsa la afirmación del diario El País en la que señala que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado los decretos a través de los cuales se financiaban mediante fondos de la comunidad autónoma los centros de día y las residencias municipales para mayores.
En este punto, el Gobierno regional quiere aclarar que efectivamente se han derogado estos decretos pero no para suprimir las ayudas que llevaban aparejadas, sino para cambiar el modelo de concesión de las subvenciones y dotarlo de una mayor pluralidad y transparencia.
Así, en virtud de este cambio normativo se garantiza que sólo habrá una orden de subvenciones para, mediante un proceso de concurrencia competitiva y control estricto de legalidad, acabar con las conductas de otros tiempos.
Asimismo, tras la necesaria derogación del anterior decreto, el Gobierno regional ya ha anunciado que va a destinar cerca de 42 millones de euros a la financiación de centros y programas de atención a mayores en 2012. Estas subvenciones se canalizarán a través de dos órdenes de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que fueron aprobadas el pasado día 31 de mayo por el Consejo de Gobierno.
