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Alcázar de San Juan

Ortega: «Alcázar, único Ayuntamiento de Ciudad Real que no ha pagado las asignaciones a los grupos municipales»

Alicia Rivas

CIRN ALCÁZARMMC Junio 2026
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Los grupos políticos con representación municipal tienen el derecho legal de percibir asignaciones por su desempeño del trabajo de forma proporcional al número de concejales. Ortega ha desvelado que “llevamos dos años sin percibir las asignaciones que por ley corresponden a los grupos municipales”.

Según el presidente local del Partido Popular alcazareño, se trata de una persecución política que pasa por el intento de asfixiar y de obstaculizar el trabajo de la oposición.

En opinión del presidente local del PP en la localidad, se trata de “otro claro intento de entorpecer, de imposibilitar el trabajo que el PP está llevando a cabo desde la oposición para que no podamos desarrollar nuestra tarea de control al gobierno en las mejores condiciones”.

También ha reclamado que se están poniendo obstáculos al acceso a la información, a este respecto, ha señalado que el propio Ortega dispuso de 24 horas para poder acceder a esas facturas por las que se le denunciaba en la Fiscalía de Ciudad Real, cuando fueron solicitadas a los pocos días de recibir la notificación del Juzgado para conocer cuáles eran las facturas y las causas de su investigación.

El portavoz ha puntualizado que recibió la información con menos de 24 horas de antelación cuando lo legal es tener esa documentación solicitada en el plazo de 5 días hábiles a partir del requerimiento.

Igualmente se ha quejado de que algunas de las Comisiones Informativas creadas al inicio de la legislatura por el equipo de Gobierno socialista aún no han sido constituidas, apuntando que, por ejemplo, “la Comisión de Urbanismo y Servicios Técnicos aún no se ha convocado ni una sola vez en los 20 meses de gobierno”. Estas comisiones sirven para informar a los grupos municipales y de la oposición.

Según el portavoz Popular, “a pesar de las denuncias, las falsedades, los obstáculos y los intentos de anular y de asfixiar al Partido Popular por parte del equipo de gobierno de Alcázar, una cosa les tengo que decir claramente, no nos van a callar, seguiremos haciendo oposición responsable, controlando el gobierno socialista local, proponiendo cuando haya que hacerlo y también denunciando públicamente y criticando cuando sea necesario, que por desgracia hay mucho que criticar”.

El portavoz municipal de los Populares, también ha denunciado “la persecución política” a la que se han visto sometidos durante estos 20 meses de legislatura socialista ya que hasta el momento ha habido “denuncias por la contratación de un trabajador que se ha enviado al Consejo Consultivo intentando criminalizar al responsable de ese contrato, en este caso, Ortega, el anterior alcalde”.

El dictamen del Consejo Consultivo ha resultado favorable al procedimiento llevado a cabo durante la contratación de ese trabajador.

También “poniendo en entredicho al PP como los responsables del retraso al pago a proveedores y ahora denunciando en Fiscalía el pago a unas facturas a Aguas de Alcazar por unos trabajos realizados”. Esta cuestión está siendo investigada en estos momentos del que ha esperado que “sea archivado”.

Facturas de Aguas de Alcázar

En referencia a las facturas de la empresa de Aguas de Alcázar, Ortega ha indicado que las razones expuestas en la tarde de este miércoles por las portavoces del Partido Socialista, Carmen Mínguez y Ana Isabel Abengózar, no tienen sentido porque la deuda de la empresa ascendía en su momento a 8 millones de euros, y esas facturas afectan en torno a los 700.000 euros. Aunque esas facturas se hubiera pagado antes la situación hubiera sido la misma, se habría reducido la deuda hasta los 7 millones.

Según Ortega, la deuda de la empresa Aguas de Alcázar con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se auditó en torno a los 8 millones de euros y se consiguió reducir hasta los 6, aproximadamente, con la compensación de facturas, entre las que se incluían las que ahora se mencionan y que ascienden a una cuantía de unos 700.000 euros.

La situación hubiera sido la misma porque la figura jurídica de la empresa es la misma antes y después del cambio de gestión, hubiera dado igual hacerlo antes que después.

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