La medida, aprobada el pasado en Consejo de Gobierno a finales del pasado mes, pretende “equiparar la situación del sector ganadero de Castilla-La Mancha a la del resto de productores nacionales y reducir unos costes que les hacían menos competitivos”, según expuso la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano.
La actual normativa regional, que data de hace 10 años, era la más restrictiva de todas las comunidades autónomas españolas, y establecía numerosas trabas administrativas para la gestión de purines para todas las explotaciones porcinas de la región, incrementando por tanto sus costes y restándoles competitividad con respecto a ganaderos de otras zonas nacionales.
Con esta nueva Orden tan solo se mantendrán las actuales restricciones en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, flexibilizando los requisitos para el resto de áreas. Con ello se beneficiará a 597 explotaciones de porcino, más del 50 por ciento de las existentes en Castilla-La Mancha.
