“La labor de nuestros funcionarios es una salvaguarda constante para tener la certeza de que la atención que se presta, tanto en los centros y establecimientos sanitarios como en los sociales, es segura y de calidad, cuentan con el equipamiento y los profesionales que establece la normativa vigente y son los competentes para las actividades que realizan; la orden que acaba de entrar en vigor refuerza el cumplimiento de estos objetivos”, ha valorado Echániz.
Los centros y establecimientos sanitarios y sociales autorizados para su funcionamiento, sobre los que se deben realizar actuaciones de inspección y control son un total 6.779 centros sanitarios, de los que 867 son ambulancias y 1.274 oficinas de farmacia, así como 1.199 centros sociales, de los que 335 son residencias de mayores.
“El balance de estas actuaciones, además, nos permite confirmar que disfrutamos de un sistema de alta calidad, algo que beneficia directamente a todos los usuarios. Y en esta materia, especialmente en los servicios sanitarios, usuarios somos todos con mayor o menor frecuencia”, ha destacado el consejero.
Para lograr que las actuaciones de la inspección sean lo más eficaces y efectivas posibles es necesario determinar las prioridades para la labor de supervisión y planificar estas actuaciones. Ese es el propósito de la orden que recientemente ha entrado en vigor, que dice textualmente ser “por la que se establecen las prioridades en materia de inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociales y se aprueba el Plan de Inspección de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios y Sociales”.
Para llevar a cabo las actividades de inspección y control la administración sanitaria cuenta con 79 funcionarios distribuidos entre los cinco servicios periféricos provinciales, coordinados y apoyados por 16 funcionarios en servicios centrales.
Inspecciones en establecimientos sanitarios y sociales de la región
Todos los centros y establecimientos sanitarios, tanto hospitales, como consultorios, ópticas, farmacias, laboratorios de análisis clínicos, centros de radiodiagnóstico, almacenes de medicamentos, etc. y los centros sociales como residencias de mayores, centros de discapacitados o centros de menores deben disponer de autorización para su funcionamiento, así como para cualquier modificación en su estructura o actividades, realizándose inspecciones para comprobar que cumplen los requisitos y condiciones para obtener estas autorizaciones.
Una vez han obtenido las autorizaciones preceptivas, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sigue controlando e inspeccionando para garantizar que se mantienen las condiciones exigidas. Igualmente da respuesta a las denuncias, quejas o reclamaciones de los ciudadanos, llevando a cabo inspecciones cuando se considera necesario.
De las 2.247 inspecciones realizadas durante el año 2011 a centros y establecimientos sanitarios (hospitales, consultorios, ópticas, oficinas de farmacia, almacenes de medicamentos, etc.) 807 se han hecho a ambulancias y 237 a oficinas de farmacia; y de las 1.187 inspecciones a centros sociales (residencias de mayores, centros de discapacitados, centros de menores, etc.) 720 se han llevado a cabo en residencias de mayores. De todas estas inspecciones se ha derivado, durante el año 2011, el inicio de 8 expedientes sancionadores a residencias de mayores y 27 a centros y establecimientos sanitarios.
