El resto, hombres y mujeres de entre 26 y 48 años de nacionalidad colombiana la mayoría, han aceptado penas de entre tres y cuatro años y medio.
El colombiano residente en Madrid ha querido ir a juicio porque ha alegado que él únicamente vivía en uno de los pisos investigados por ser frecuentados por personas que estaban vinculados a la trama. Una investigación que comenzó en Alcázar de San Juan donde la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un grupo de personas vendía drogas, especialmente cocaína.
La Fiscalía, que pide cinco años de prisión porque considera probada su participación en los hechos, ha aportado como prueba hasta ocho conversaciones telefónicas, a través de las cuales se pudo constatar que uno de los acusados recibía la droga desde Colombia por paquetería internacional que luego distribuía, a través de los otros acusados, en diversas localidades como Alcázar de San Juan, Herencia o Campo de Criptana, entre otras.
El acusado ha reconocido ser una de las voces en todas estas grabaciones, pero que el objeto de esas conversaciones en las que habla de «empanadas y chorizos», de «camisetas», de «una bolsa de esas» o «pelaítas y bolitas», eran normalmente referida a actividades relacionadas con diferentes trabajos que realizaba, siempre en «negro» y que iban desde la albañilería, la venta de ropa o el reparto de diferentes objetos y alimentos, pero que para la Fiscalía, por el contrario, es considerado una manera de hablar en clave del tráfico de droga.
Por otro lado, varios de los Guardia Civiles que formaron parte de la investigación reconocen al acusado y han afirmado haberlo visto varias veces con otros con los que ha compartido banquillo en la Audiencia Provincial. También han comentado como tras el registro, encontraron en el piso donde el acusado ha dicho que residía numerosos objetos relacionados con el tráfico de drogas como balanzas electrónicas, sustancias de corte y bolsas pequeñas.
Finalmente, la defensa de esta persona pide una «pena moderada acorde con su poca intervención», en caso de ser declarado culpable por el tribunal, en lugar de los cinco años que solicita la fiscalía por un delito de contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.
