El Gobierno de Castilla-La Mancha descarta rotundamente que la Administración regional haya contemplado en modo alguno el cobro por la valoración que de oficio deban llevar a cabo sus funcionarios para la valoración de los grados de los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
Desde el Ejecutivo castellano-manchego se lamenta la insistencia desde algunos ámbitos en crear confusión a este respecto. Como ya se anunció en su momento, se ha evitado imponer coste económico a la valoración para acceder al sistema y a todas aquellas que sean requeridas por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Para disuadir del mal uso de estos servicios técnicos, se penalizará económicamente con el cobro del coste de una nueva valoración, limitada a las que eventualmente puedan realizarse a instancia de parte y que, según se ha comprobado de forma reiterada, en un alto porcentaje no generaban nuevos derechos para los interesados y sí, en cambio, han venido suponiendo una notoria carga de trabajo en su realización, con el consiguiente perjuicio para atender otras necesidades en este mismo área.
En todo caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere aclarar que las valoraciones requeridas por la propia Administración tampoco generarán gasto alguno para los beneficiarios.
