La portavoz de Vivienda del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rosa Melchor, ha dado cuenta esta mañana de la proposición no de Ley (PNL), sobre desahucios con la que los socialistas castellano-manchegos intentarán, entre otras cosas, “que no se produzcan disparates como el que se está dando en Madrid, donde una empresa privada en cuyo consejo de administración está el marido de Cospedal, va a comprar viviendas sociales para especular y hacer negocios”. De hecho, en esa PNL se impide explícitamente que, en nuestra región, se pueda enajenar vivienda pública para ponerla en manos de empresas privadas.
Melchor se pronunciaba de esta manera en una comparecencia ante los medios en la que detallaba el resto de los objetivos de la iniciativa parlamentaria, de la que, decía, “tiene tres objetivos; las familias que ya han sido desahuciadas, las que están inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria y las que, al haber perdido el empleo, pueden verse abocadas en poco tiempo a sufrir un proceso de este tipo por parte de las entidades financieras”.
Para todas ellas se plantean medidas en la proposición no de Ley, dado que en la misma, detallaba Melchor, “se pide la dación en pago, el alquiler social, y una moratoria en los desahucios mientras que se cambia la Ley Hipotecaria para las familias que están en proceso de ser desahuciadas o para las que están en riesgo de iniciar ese camino. Y para las familias que ya han sido víctimas de una ejecución hipotecaria, para las que proponemos que se pongan a su disposición las 800 viviendas públicas propiedad de la Junta de Comunidades que están hoy vacías, y no apenas 80, como pretende ahora Cospedal”.
Además, la diputada socialista aseguraba que desde la administración regional se pueden tomar otro tipo de decisiones para ayudar a resolver esta lacra social. En este sentido, insistía en la necesidad de que el Gobierno de Cospedal “cree una red de oficinas para asesorar, ayudar y mediar entre las familias y los bancos o retirar los fondos que tiene la Junta en las entidades financieras que sigan ejecutando desahucios”.
Por último, resaltaba que la proposición no de ley también pide a la Junta que deje de desalojar a ciudadanos que residen en viviendas de protección oficial y que, por haber perdido el empleo o por circunstancias económicas sobrevenidas, han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca en este tipo de inmuebles.
