El sector productor vitivinícola y la CECRV defienden que el sistema de derechos de plantación ha permitido la conformación de un sistema de producción vitivinícola puntero en el mundo, cuyos productos alcanzan cotas altísimas de calidad, y su supresión acabaría con el modelo actual de producción de vino europeo, lo que supondría además una pérdida patrimonial para los viticultores y un fuerte desequilibrio medioambiental y deterioro paisajístico.
Este sistema ha supuesto un factor clave en la fijación de la población rural, en el equilibrio entre oferta y demanda de vino y en la optimización de las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, especialmente en las regiones de más difícil cultivo y en las zonas amparadas por indicaciones de calidad. La desaparición de los derechos de plantación provocaría una importante deslocalización del viñedo y un desmantelamiento del tejido socio-económico en grandes zonas vitícolas europeas.
La eliminación del sistema de derechos tendría, a juicio de las organizaciones firmantes, consecuencias nefastas e irremediables. En su opinión, se produciría un inmediato descenso en el precio de la uva y de los vinos, lo que unido al incremento de los costes de producción que soportan los agricultores, haría peligrar las explotaciones vitivinícolas españolas.
El régimen de derechos de plantación ha demostrado su eficacia en términos productivos y cualitativos frente a la fuerte competencia de los vinos de países terceros y, más aún, representa una medida sin coste financiero para la UE.
Ante esta situación, el sector defiende las siguientes medidas: rechazo a una liberalización de los derechos de plantación de viñedo; rechazo igualmente a la implantación de un sistema de “autorizaciones” en sustitución de los actuales derechos de plantación; mantenimiento de la regulación actual con posibles mejoras en la gestión de las reservas de derechos; establecimiento de un único sistema de gestión de los derechos de plantación para todas las superficies de viñedo, independientemente de su inscripción o no bajo una protección de calidad; regulación, gestión y control de los derechos por parte de las administraciones públicas competentes.
Por tanto, el sector pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que muestre un posicionamiento rotundo e inequívoco a favor de la continuidad del actual régimen de derechos de plantación de viñedo, en el marco de la propuesta legislativa de la OCM incluida en la revisión de la PAC, cuyo debate está en pleno desarrollo, y en especial ante la próxima reunión del Grupo de Alto Nivel prevista para el 14 de diciembre.
