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Castilla-La Mancha

Aplazan el juicio del varón acusado de abusar sexualmente de una menor al presentar su defensa más pruebas

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El juicio que este miércoles ha arrancado en la Audiencia Provincial de Toledo contra un varón acusado de abusar sexualmente en dos ocasiones de una menor en Talavera de la Reina ha quedado aplazado después de que la defensa del procesado haya conseguido que la Presidencia de la sala haya aceptado incluir nuevas pruebas en el proceso.

Y es que el abogado de J.C.S.F., Salvador Gurumeta, ha considerado como «esenciales» para la «legítima» defensa de su acusado estas pruebas que, de forma sistemática, han sido rechazadas durante cinco años en la fase de instrucción.

Una de ellas, ha explicado de forma posterior en declaraciones a los medios el abogado, es una prueba pericial caligráfica que, a su juicio, va a permitir que la sala dicte una sentencia «atemperada a derecho».

Esta prueba se realiza sobre cuatro documentos «importantes», que según ha añadido el magistrado «son la clave de todo el pleito y van fijando la sucesión de los hechos». «Las calificaciones de las acusaciones están descoordinadas en relación a los hechos. Consideran que la chica tiene menos de 13 años cuando esos documentos dicen lo contrario».

A través de esa prueba, ha proseguido, la defensa intenta demostrar que esas cartas solo tienen una autoría, la de la víctima, y no también la del acusado, como se intenta acreditar. «Las cartas tienen la solución del problema», ha apostillado.

Gurumeta también se ha congratulado de que la Audiencia haya admitido que la defensa presente dos pruebas fotográficas: una del cuerpo del acusado, para comprobar si la víctima es capaz de identificarlo, y otra del balcón de la vivienda de J.C.S.F., para evidenciar que, dadas las características que presenta este espacio, «es imposible que uno de los exhibicionismos referidos por la víctima se realizara desde este balcón».

Y es que, tras asegurar que las acusaciones están despistadas por las continuas contradicciones en las que incurre la víctima, el abogado defensor se ha mostrado también satisfecho de que se haya admitido la testifical tanto de la tutora como la de jefa de estudios de la menor, pues fueron las encargadas de poner en conocimiento de la Comisaría los hechos. Confía en que su declaración «ponga orden».

Por último, el letrado, convencido de la inocencia de su representado, ha asegurado que va a pedir su libre absolución, pues a pesar de no dudar de que la víctima «haya tenido una posible agresión o abusos», considera que «se ha confundido y cambia los personajes».

ACUSACIÓN DEL FISCAL
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el primero de los abusos por los que se enjuicia a de J.C.S.F tuvo lugar en la primavera del 2015 cuando la menor contaba con 12 años de edad y el procesado le pidió que le dejase acceder a su casa, a lo que la víctima accedió por la confianza que tenía con él, ya que era su vecino.

Tras mantener una conversación con ella, el fiscal afirma que el procesado la besó en la boca y comenzó a acariciarla por todo el cuerpo pese a que la menor le pidió que no lo hiciera. Acto seguido, se desnudó y cogió la mano de la víctima para masturbarle, lo que dejó de hacer marchándose de lugar cuando la víctima comenzó a llorar.

Ya en el mes de marzo de 2015, cuando la menor contaba con 13 años, y aprovechando que estaba sola de nuevo en la vivienda, el acusado volvió a entrar en el domicilio se desnudo y la desnudó, y empezó a tocarla pidiéndole tener relaciones sexuales con ella.

Según el relato de la Fiscalía, volvió a coger la mano de la menor para masturbarle y abandonó el lugar una vez eyaculó. Horas más tarde, la víctima se encontró con el acusado que la entregó un monedero con 1.100 euros y le dijo: «Perdóname, coge este dinero, pero no digas nada de lo que ha pasado que me buscas la ruina».

Para el Ministerio Público, los hechos narrados en 2014 constituyen un presunto delito de abusos sexuales para el que piden cinco años de prisión para el procesado; mientras que los hechos acaecidos en 2015 los califica de un delito de abuso sexual, por el que solicita la pena de tres años de cárcel.

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