La Guardia Civil ha investigado al propietario de un desguace ubicado en Alcázar de San Juan por presuntos delitos continuados de falsificación de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La actuación se enmarca en la operación ‘Fulcat’, desarrollada por el Seprona de la Comandancia de Ciudad Real.
Según ha informado la Benemérita, la investigación se inició tras una inspección rutinaria realizada en octubre de 2025, en la que los agentes detectaron graves irregularidades en la gestión de vehículos al final de su vida útil (VFU). Ante la magnitud de los hechos y el elevado número de automóviles almacenados, se llevó a cabo una segunda inspección junto a técnicos del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Certificados falsos y acumulación irregular de vehículos
Los agentes comprobaron que el responsable del desguace certificaba presuntamente la descontaminación de vehículos que, en realidad, no habían sido sometidos al proceso obligatorio. Los automóviles eran acumulados sin tratar en una zona de las instalaciones que carecía de autorización administrativa, previamente denegada por su proximidad a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El almacenamiento a la intemperie provocaba el deterioro de los vehículos y el vertido de residuos peligrosos directamente sobre el terreno, con el consiguiente riesgo para el entorno natural.
La investigación también reveló que los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado no eran extraídos ni reciclados conforme a la normativa vigente. En algunos casos, estos gases eran liberados directamente a la atmósfera.
Este tipo de emisiones contribuye al deterioro de la capa de ozono y al calentamiento global, por lo que la legislación exige un protocolo estricto de recuperación y tratamiento, al estar clasificados como residuos peligrosos por su alto potencial de efecto invernadero.
La Unidad Técnica de la Jefatura del Seprona está elaborando un informe pericial para cuantificar el impacto ambiental y estimar las posibles toneladas de gases emitidas a la atmósfera.
Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.
