El coordinador del Área Económica del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha exigido a Cospedal “que use la segunda edición de los créditos ICO para pagar a proveedores o el segundo rescate que ha pedido para la región para empezar a pagar de una vez los más de 500 millones de euros que debe ya a estas alturas a los ayuntamientos de la región”.
Molina se ha pronunciado de esta manera en una comparecencia ante los medios de comunicación, en Toledo, en la que ha valorado el anuncio, hecho ayer, por el consejero de Hacienda del Ejecutivo de Cospedal, Arturo Romaní, en el que señalaba que Castilla-La Mancha pedirá 80 millones de euros para esta segunda parte del llamado Plan de Pago a Proveedores.
En opinión del diputado regional socialista, “es urgente que la señora Cospedal utilice ese crédito ICO o parte de los más de 800 millones de euros que ha pedido este año de rescate al Fondo de Liquidez Autonómica del Ministerio de Hacienda para saldar la deuda de 500 millones que tiene con los ayuntamientos porque estamos hablando de la financiación de los servicios sociales básicos que prestan los municipios con la financiación de la Junta mediante los convenios que firman”.
Así, Molina recordaba que “los ayuntamientos están prestando servicios que son de la competencia de la administración regional y, a cambio, Cospedal no les está pagando y está provocando una situación de asfixia financiera en muchos municipios”. Para él, “si el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue sin abonar su parte, muchos ayuntamientos se van a tener que plantear si siguen prestando servicios a personas mayores como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, o a menores de 0 a 3 años como las escuelas infantiles”.
En otro orden de cosas, el coordinador económico del PSOE en el Parlamento de Castilla-La Mancha anunciaba la presentación de una proposición no de ley (PNL), en las Cortes regionales, en la que los socialistas pedirán al Gobierno de Cospedal que, de oficio, y sin esperar a lo que digan los tribunales, “paguen a los empleados públicos de la Junta el dinero que se les detrajo el año pasado al quitarles la paga extra de Navidad”.
Molina hacía referencia a pronunciamientos judiciales que ya se han producido, como el del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que, sin entrar al fondo de la constitucionalidad o no de la medida adoptada en julio pasado por los Gobiernos de Rajoy y Cospedal, sí han señalado ya con claridad que “la parte de retroactiva de la decisión es manifiestamente ilegal”.
Se refiere ese Tribunal al hecho de que el Decreto Ley del Gobierno de España, al entrar en vigor el 14 de julio, afecta con carácter retroactiva al salario de un mes y 14 días que los empleados públicos devengaron desde el 1 de junio para tener derecho a la paga extra de Navidad.
