El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho público en el Diario Oficial de la región el decreto 8/2013, de 20 de febrero, en el que se promueven las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la vivienda protegida y, simultáneamente, contribuir al mantenimiento de la actividad en el sector de la construcción, por su importancia en la economía regional y su peso en el mercado laboral.
Uno de los objetivos principales de la nueva política que el Gobierno regional ha adoptado en materia de vivienda ha sido el de restablecer la verdadera función social de la vivienda protegida en Castilla-La Mancha.
Para ello, se determina un cupo de vivienda pública vacante destinada al alquiler social, con el objetivo de atender a los colectivos de atención preferente, como las familias procedentes de desahucio por ejecución hipotecaria, así como los ciudadanos menos favorecidos por sus condiciones económicas o sociales. En este sentido, es importante resaltar que el decreto establece un modo de flexibilizar los procedimientos de adjudicación.
Otros de los pilares en que se asienta esta norma es agilizar los procedimientos administrativos para acceder a estas viviendas, ya sea en forma de venta para las Viviendas de Precio Tasado (VPT) y Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), o en forma de alquiler. Además, facilita y acorta el plazo para establecer el cambio de calificación de viviendas en venta a viviendas en alquiler sin agotar el procedimiento ordinario, de manera que estas medidas contribuyan a deshacer parte del stock acumulado de este tipo de vivienda en la región, para la que se ha incluido también una corrección de precios a la baja.
También hoy se han hecho públicas de manera oficial la orden por la que se regula el procedimiento para la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública, así como la Orden que establece los criterios de determinación de cupos de viviendas de promoción pública vacantes destinadas al alquiler social.
