Cargando...La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado hoy que el presupuesto destinado a la aplicación del Plan de fomento de empleo agrario en zonas rurales del Gobierno de España para Castilla-La Mancha, en el presente año 2013, asciende a 9,2 millones de euros. Una inversión, ha añadido, que se destinará a 305 municipios de la región y beneficiará a 2.929 trabajadores de las cinco provincias de nuestra comunidad autónoma.
Tras su reunión con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, la presidenta ha concretado a los medios de comunicación que la inversión por trabajador de este Plan de empleo será de más de 3.000 euros y los contratos tendrán una duración de 3 meses.
En este sentido, la presidenta ha destacado la “buena noticia” que representa este proyecto, ya que, “a pesar de la crisis y el delicado momento económico que atravesamos, la cantidad total destinada es prácticamente la misma que el año anterior”.
Asimismo, Cospedal ha explicado que este año se han cambiado los criterios para que los municipios accedan a las ayudas ya que, por ejemplo, en esta ocasión los municipios que no tengan desempleo agrario no podrán acceder a esta inversión, sino que, a la hora de decidir los municipios destinatarios de las ayudas, se combinarán los índices de paro agrario y los de paro general.
La presidenta también ha destacado la “estrecha colaboración” entre el Gobierno regional y el Gobierno de España para poner en práctica este Plan que supone una “noticia de esperanza para que las personas que no encuentran trabajo en el medio rural puedan tenerlo con ayuda de todos porque el dinero que se emplea es público”.
Durante la presentación, Cospedal también ha destacado que, a partir de mañana, se celebrarán una serie de reuniones sobre la puesta en marcha de este Plan de empleo que estarán presididas por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, y a las que asistirán los subdelegados del Gobierno de cada provincia, los delegados provinciales de la Junta de Comunidades, los responsables de empleo del Gobierno regional y los representantes de los trabajadores y de los empresarios.
