Sin embargo, no hubo acuerdo en puntos como la modificación de crédito ni la elección del juez de Paz sustituto, en los que el Grupo Socialista y las ediles no adscritas a ningún partido político se abstuvieron. Igualmente, en la declaración de intenciones del Ayuntamiento en relación a la adquisición de parcelas del polígono San Cristóbal, el PSOE se abstuvo y las no adscritas votaron en contra.
El turno de ruegos y preguntas fue muy extenso y se trataron múltiples asuntos. El Grupo Socialista preguntó al equipo de Gobierno sobre el funcionamiento del Centro de Empresas, el plan de viabilidad de la Torre del Vino, la finalización de la piscina cubierta climatizada, el Plan de Ordenación Municipal, la situación de desahucios en la localidad o los criterios de selección de personal en los planes de empleo. Sobre éste último asunto, se debatió sobre la forma de llegar a las familias más necesitadas. La concejal socialista Elena García solicitaba que en los próximos planes de empleo no se tenga en cuenta el tiempo necesario para cobrar una prestación, ya que existen familias que ya no tienen derecho a las mismas y se encuentran en mala situación. El alcalde, Sebastián García, recordó que en el último plan el 80% de contratados eran personas con familias con todos los miembros en paro, e indicó que siempre se busca establecer los criterios más justos para dar empleo a los que más lo necesitan.
El Grupo Socialista también preguntó sobre la situación de la plantilla del centro de salud de Socuéllamos, entre otros asuntos. Igualmente, lanzó como propuesta el fraccionamiento de los próximos impuestos municipales como el IBI o el de circulación de vehículos. El equipo de Gobierno se comprometió a estudiar esta posibilidad, recordando que ya se contempló el año pasado a pesar de la complejidad legal para ello.
Las concejalas no adscritas, Begoña Picazo y Antonia Navarrón, preguntaron por el próximo cobro del servicio de Ayuda a Domicilio. La concejala de Bienestar Social explicó que ante la situación económica, la Junta de Comunidades ha reducido las partidas del convenio y se cobrará un precio simbólico cada hora para poder mantener el servicio. Las cantidades exactas se desconocen hasta que no se apruebe el convenio, que entrará en vigor en el próximo mes de mayo. La Concejalía ya se está poniendo en contacto con las familias usuarias de este servicio para comunicarles estos cambios.
Por otra parte, al pleno asistió una amplia representación de la plantilla de trabajadores municipales, que interpeló al gobierno sobre la situación actual, tras la invalidez de la RTP. El alcalde, Sebastián García, explicó que en este momento está abierto el proceso de licitación para la empresa que elaborará la nueva RTP, y aseguró que será un proceso consensuado. Por último, los representantes de la formación política UPyD, sin representación en el Ayuntamiento, preguntó por una propuesta sobre la circulación a la salida del IES Fernando de Mena, que no se ha considerado necesaria por parte de la Policía Local y sobre la instalación de una estación del servicio en la Cooperativa Cristo de la Vega. Sobre éste último asunto, el equipo de Gobierno aclaró que en estos momentos no hay licencia en curso. En su momento se concedió una licencia, que ha caducado, ya que se cumplían todos los requisitos legales para ello.
