La Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes anunciará en los próximos días el resultado del último concurso público de adjudicación del contrato de teleasistencia en Castilla-La Mancha. Este servicio lo prestaba hasta ahora Cruz Roja, que ganó el anterior concurso público, mediante un contrato con la Administración, tal y como seguirá haciendo la empresa que haya obtenido mejor resultado en los baremos presentados públicamente.
El Consejo Territorial de la Dependencia, órgano de ámbito nacional, estableció el pasado 13 de julio de 2012 la necesidad de que los usuarios con recursos suficientes paguen el servicio de teleasistencia, cuyo importe más elevado será de 11 euros al mes, mientras que las rentas más bajas están exentas de pago.
Las ofertas presentadas en Castilla-La Mancha por seis entidades que trabajan en el ámbito social, entre las que se encontraba Cruz Roja, se comprometen a mantener el mismo nivel de asistencia que se tenía hasta ahora. Además, el nuevo contrato aportará un notable ahorro, ya que todas las ofertas presentadas rebajan el coste anterior.
Desde la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes se considera “engañoso” que el PSOE hable de “privatización” de la teleasistencia, cuando hasta ahora lo ofrecía una entidad mediante contrato público, con empleados que pasarán a subrogarse en la empresa ganadora del concurso. También es un error que se hable de “convenio” con Cruz Roja, cuando este servicio lo prestan mediante “contrato”, fórmula que se mantiene actualmente.
En este concurso público de la teleasistencia, como en todos los que ha arbitrado la mencionada Dirección General, se ha operado con la máxima transparencia, hasta el punto de que todas las empresas interesadas han expuesto sus dudas, resueltas en la propia página web de proveedores.
“Todos ellos han asistido, atendiendo a la Ley de Contratos, a la apertura de las plicas, en un proceso al que invitamos a cualquier interesado a que compruebe el estricto cumplimiento de la legalidad en todos los pasos”, asegura Juan José García Ferrer, director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes.
