Uno de los programas que contempla el Plan es el denominado “Gestión y Resolución de Expedientes Temporalmente Atrasados” (Programa Greta) que justifica su existencia en base a la progresiva disminución de la plantilla, sistema obsoleto de gestión y aumento exponencial de solicitudes. En este sentido, el Programa partiría con 125.100 expedientes, que serían gestionados por una empresa privada.
Asimismo, en esta línea, se privatizaría el servicio de atención al beneficiario, a través del programa Fono. Ambos programas estaría previsto que comenzasen a funcionar el día 15 de septiembre 2013, según consta en el Plan de Viabilidad. La FSP-UGT ha denunciado sistemáticamente la falta de personal en Fogasa, de forma especialmente intensa en estos últimos cinco años cuando el número de expedientes ha sufrido un incremento considerable a consecuencia de la grave crisis económica que está afectando a empresas y trabajadores.
La FSP-UGT lamenta la ausencia de respuesta y de sensibilidad de este Gobierno, concluyendo, una vez más, que la estrategia asumida con Fogasa, así como con el resto de servicios públicos, es devaluarlos a base de no incrementar plantillas de personal y de no realizar la correspondientes inversiones, con el objetivo de mostrarlo como ineficiente ante la ciudadanía y, de esta forma, justificar su privatización.
El resultado será un deficiente servicio público, a un coste mucho mayor para el ciudadano con el agravante de que, en el presente caso, se manejarán por empresas privadas datos personales de los trabajadores, que deberían estar protegidos, de conformidad con las previsiones del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, gestionados por organismos públicos.
Lo anterior adquiere mayor gravedad, a la vista de las sucesivas iniciativas que este Gobierno adopta, en la certeza de que hay un exceso de empleados públicos en la Administración General del Estado. Entre estas iniciativas, que persiguen reducir el número de profesionales públicos, está no reponer las bajas vegetativas que se vienen produciendo salvo en salvo en sectores prioritarios, además de la posibilidad de ERES en organismos públicos, tal y como se contempla en la normativa vigente, aprobada también por este Gobierno.
La contradicción de estas políticas solo nos conduce a concluir a que no es tanto la eficiencia y el ahorro lo que se persigue, sino que el objeto final es una pretendida privatización, que afectará indudablemente de forma negativa a la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, sacrificando, por tanto, el interés común por el beneficio de unos pocos, en detrimento del bienestar del conjunto de la sociedad.
