La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado que la Junta de Comunidades “no bajará la guardia hasta que finalicen las negociaciones para reformar la Política Agraria Común, porque aún quedan aspectos por cerrar y queremos que el texto “dé realmente tranquilidad y un horizonte de estabilidad a los agricultores y ganaderos de la región”.
Soriano ha realizado estas declaraciones esta mañana en Madrid antes de participar en el Consultivo Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
La consejera ha reconocido que “España ha logrado cerrar de forma más que satisfactoria los aspectos que más nos preocupaban, como el presupuesto para el período 2020, la limitación de hectáreas con derecho a ayudas o la flexibilidad en las exigencias medioambientales”.
Así, ha incidido en que “el punto de partida de la negociación era realmente malo, ya que la propuesta oficial que la Comisión Europea hizo a finales de 2011 ante la pasividad de los gobiernos socialistas de Zapatero y Barreda, significaba el desmantelamiento de buena parte del sector agrario de Castilla-La Mancha”.
A ese texto tan perjudicial se sumaba el interés de muchos países en rebajar de forma sustancial los presupuestos para el campo. “Eso nos conducía a una combinación de fuerte recorte de fondos y medidas perjudiciales para las explotaciones, lo que habría desembocado en un fuerte receso para un sector económico tan importante en Castilla-la Mancha como el agroalimentario”, ha reconocido.
Pero “gracias a la extraordinaria negociación del presidente Mariano Rajoy, el campo español mantiene el nivel de ayudas hasta el año 2020”, a la vez que “el ministro Arias Cañete ha logrado, con el apoyo de la Junta y de otras comunidades autónomas, darle la vuelta al texto para eliminar los puntos más perjudiciales para el sector agrario regional”, ha sostenido.
