El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha asegurado hoy que gracias al Plan General de Control Tributario aprobado hace un año, la recaudación de impuestos ha mejorado un 5 por ciento en la región. Lo ha adelantado durante una rueda de prensa ofrecida en Guadalajara, en la que ha presentado el Balance Tributario del año 2012.
Según Romaní, el balance ha sido “muy satisfactorio”, ya que en un año de crisis económica han aumentado los derechos reconocidos por tributos propios y con recaudación cedida a Castilla-La Mancha un 5 por ciento. Además, la recaudación líquida de los tributos gestionados por la Consejería de Hacienda tuvo en el ejercicio 2012 un incremento del 8,65 por ciento respecto a 2011.
“La materia tributaria requería un impulso, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia en la gestión tributaria”, ha explicado Romaní, quien ha resaltado que gracias a la puesta en marcha de diversas actuaciones, como el impulso de la administración tributaria electrónica, la producción normativa y el plan de lucha contra el fraude, entre otras, “se ha conseguido aumentar la eficacia”.
En concreto, tal y como ha detallado el consejero, “por cada euro gastado por la Dirección General de Tributos, se han generado 24,61 euros de ingresos por tributos propios y cedidos, frente a los 23,06 euros de 2011, lo que supone un ratio de eficiencia del 6,7 por ciento”.
“Se ha conseguido una presupuestación de los ingresos exacta, el aumento de ingresos en un contexto de crisis económica y la mejora de los servicios. Todo ello es el resultado de mucho trabajo, de mucha norma nueva y de mucha renovación, mientras que en años anteriores había una parálisis en tributos frente a todo lo que supusiera innovación”, ha explicado Romaní.
El titular de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha también ha destacado el esfuerzo en la gestión de las cuentas públicas que está llevando a cabo el Gobierno de la presidenta Cospedal, “porque los ciudadanos tienden a pagar mejor sus impuestos cuando tienen constancia de que el dinero público se gestiona bien”.
