Cargando...El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha calificado de “muy graves” las consecuencias jurídicas provocadas por las dos sentencias del Tribunal Constitucional que declaran ilegal el Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (Idaima), que gravaba la contaminación, el almacenamiento y la producción termonuclear de energía eléctrica.
Por ello, el titular de Hacienda ha preguntado al secretario regional de los socialistas, Emiliano García-Page, “de dónde sacamos 146 millones de euros para tapar este agujero, producido por una defectuosa técnica legislativa, que vuelve a hipotecar las cuentas de la región por su nefasta gestión”.
Ese impuesto fue creado en el año 2000 por el Gobierno del Partido Socialista, modificado posteriormente en el 2005, y siempre contó con el voto en contra del PP. El Constitucional ha declarado ahora ilegal la norma, por considerar que “estamos en presencia de un tributo netamente fiscal o contributivo, en la medida en que no grava directamente la actividad contaminante, sino el mero ejercicio de una actividad económica consistente en la producción termonuclear de energía eléctrica”.
Los efectos legales de ese pronunciamiento es que se anulan todos los impuestos cobrados desde el 1 de enero del 2001 al 1 de enero de 2009, lo que significa que la Junta de Castilla-La Mancha tiene que devolver a las empresas eléctricas toda la recaudación con los intereses de demora correspondientes.
En total, según cálculos aproximados, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que devolver a las empresas eléctricas durante este año 146 millones de euros, que fueron recaudados y gastados en los presupuestos por los anteriores gobiernos del PSOE.
Pese a este grave lastre económico provocado por el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, el titular de Hacienda ha manifestado que “el Gobierno de María Dolores Cospedal trabaja incansablemente para conseguir fondos de cara a reparar las consecuencias económicas y jurídicas de la sentencia y, además, obtener y dedicar los máximos recursos posibles para luchar contra el desempleo”.
“Gracias a la capacidad de gestión del Gobierno de Cospedal, confiamos en que los castellano-manchegos no tengan que sufrir más los lamentables efectos de los gobiernos del PSOE, y encontremos una solución para cumplir la sentencia con la menor afectación posible de las cuentas públicas”, ha afirmado Romaní.
