Este decreto supone una ayuda para aquellas personas “que lo pueden estar pasando mal en esta crisis y tienen dificultades para hacer frente a sus rentas”, ha explicado Leandro Esteban, quien ha valorado el “importante contenido social” de la protección de los inquilinos más afectados por la crisis.
Según ha informado el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, la norma establece durante dos años estas medidas excepcionales para arrendatarios de promoción directa de las viviendas de la Junta de Comunidades que atraviesen dificultades de pago para afrontar la renta.
En este sentido, Leandro Esteban ha destacado que “unas 1.500 familias podrían beneficiarse” de este decreto, que permite aplazar las rentas o fraccionar el pago durante un plazo máximo de cinco años.
En cuanto a las condiciones que deben reunir los solicitantes, el consejero ha explicado que los arrendatarios deben contar con la residencia habitual y permanente al menos 12 meses antes de presentar la solicitud, no ser titulares de bienes inmuebles o derechos reales por valor superior a 20.000 euros; que uno de los empadronados en la vivienda se encuentre entre colectivos de atención preferente o colectivos vulnerables y que la suma de las rentas en cómputo mensual no exceda dos veces la renta mensual o dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
