El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha asegurado que estamos iniciando el camino de la recuperación económica, y desde el Gobierno de la presidenta María Dolores Cospedal, “hemos tenido claro que había que establecer las condiciones necesarias para que la actividad económica se regenere y hemos creado un entorno favorable y propicio para ello”.
Así lo ha señalado Romaní en una entrevista en el programa ‘En camisa de once varas’ de Radio Castilla-La Mancha, donde ha señalado que desde el comienzo de la legislatura, tanto el Gobierno regional como el Ejecutivo del presidente Rajoy, “han puesto en marcha reformas estructurales que eran necesarias”.
El resultado, ha continuado, es que muchos sectores están saliendo adelante como por ejemplo, el sector financiero y también se están aplicando medidas para impulsar el mercado laboral y atajar la morosidad pública, el déficit público, la deuda pública o las cargas burocráticas.
En otro orden de cosas, Romaní ha asegurado que todavía no es el momento de aplicar una bajada generalizada de impuestos en Castilla-La Mancha, “aunque sí tenemos capacidad de aplicar medidas fiscales selectivas como la ley de medidas fiscales que anunció la presidenta Cospedal, que está en tramitación y que en breve va a ser presentada”.
Estas medidas redundarán en los ciudadanos e incentivarán conductas concretas de emprendedores, cooperativas agroalimentarias, además de atender a colectivos que necesitan apoyo, familias numerosas, discapacitados, jóvenes, tercera edad y vivienda, entre otros. “Este es el margen que a día de hoy tenemos y el que estamos aplicando”, ha afirmado Romaní.
Sistema de financiación autonómica
Por otro lado, el consejero de Hacienda se ha referido al actual sistema de financiación autonómica, “tan perjudicial para nosotros, que supone un verdadero lastre ahora mismo, y que fue aprobado a favor de determinadas regiones por motivos exclusivamente políticos”.
Romaní ha señalado que es necesario sacar el debate de un nuevo sistema de financiación autonómica de la lucha política porque, a su juicio, este asunto “no puede ser un arma arrojadiza sino que se debe pensar en las personas y en que se garantice que las comunidades autónomas ofrezcan unos servicios públicos, uniformes, equivalentes, homologables y que cumplan unos mínimos en todo el país y que las instituciones que tienen que prestarlos tengan suficiente financiación para ello”.
