Las misivas informativas están siendo dirigidas a aquellos deudores que acumulan más de 60 recibos impagados y que no hayan firmado compromisos de pago con la Administración o que, habiéndolo hecho, hayan incumplido con el pago de forma grave o reiterada, para que puedan regularizar su situación y evitar la extinción del contrato de arrendamiento.
Los alquileres estipulados están adaptados a las posibilidades de las familias, estableciéndose así una renta social según los ingresos de los que dispongan, que en la mayoría de los casos no superan los 80 euros de alquiler al mes.
Mientras que los arrendatarios con dificultades económicas justificadas merecen que la Junta de Comunidades les conceda facilidades para superar las dificultades –tal y como estable el Decreto-, los arrendatarios en los que no concurre esta circunstancia y que de forma reiterada incumplen sus compromisos de pago, deben hacer frente a las deudas o abandonar las viviendas, para que otras familias que lo necesiten puedan acceder a ellas, teniendo en cuenta que hay un gran número de familias inscritas que demandan estas viviendas en la región.
