La senadora Carmen Fúnez ha explicado el anteproyecto de Ley de Protección de Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada y ha apuntado que se trata de una iniciativa “garantista que protege los derechos de la mujer, del no nacido y de los profesionales sanitarios”.
En este sentido, Fúnez ha señalado que el Anteproyecto de Ley, que está abierto al debate y al diálogo para mejorarlo, “no quita derechos sino que aporta seguridad a los implicados”. En cuanto a los no nacidos, ha apuntado que es consecuente con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional que garantiza la protección de la vida del concebido no nacido como bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución.
Además, la senadora popular ha subrayado que esta iniciativa “aporta seguridad a la mujer por la información que va a recibir durante todo el
proceso, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista asistencial y social; y porque es la primera Ley de la democracia que despenaliza la conducta de la mujer que se practica o consiente que le sea practicado un aborto evitando que sea siempre la víctima de esta situación”.
En cuanto a los supuestos, Carmen Fúnez ha señalado que, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o de un delito contra la libertad de la mujer, se podrá interrumpir el embarazo en las 12 primeras semanas. Asimismo, ha explicado que cuando en el embarazo exista un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, la interrupción del embarazo se producirá en las 22 primeras semanas de gestación, tras el informe médico de dos especialistas ajenos al centro donde se practicará el aborto y ha aclarado que “esto no limita la libertad de la mujer sino que le da seguridad para tomar la decisión adecuada respecto a su salud y a la del feto, algo que ya hacen habitualmente muchas mujeres”.
También se aporta seguridad, según ha indicado Carmen Fúnez, a las menores de 16 años, ya que deberán contar con el consentimiento de los padres o tutores, y a las mujeres que tengan entre 16 y 18 años, que tendrán el asentamiento de los padres o tutores “lo que les permitirá no tener que vivir en soledad una situación tan dura y difícil como el someterse a un aborto”.
En cuanto a los profesionales médicos, Carmen Fúnez ha indicado que, por primera vez, se les permite la objeción de conciencia y que este anteproyecto les aporta más seguridad en la medida de que son los que deben informar a la mujer de las condiciones del embarazo. Desde el punto de vista penal, ha explicado que se mantiene las penas para aquellos que produzcan el aborto, pero se concretan y definen todos los supuestos para que los profesionales sanitarios tengan mayor seguridad jurídica.
Por todo ello, la senadora popular ha lamentado que los socialistas utilicen el aborto para hacer “demagogia”, les pide “seriedad” y “responsabilidad” y les recuerda que la igualdad no es un patrimonio de la izquierda ni se mide por el número de embarazos que se interrumpen”.
Asimismo, Fúnez ha recordado que el aborto “no es un método anticonceptivo ni una cuestión que afecte exclusivamente a la mujer sino un fracaso de la sociedad que tiene a la mujer siempre como víctima”.
