En este importe se contempla el pago de la sentencia que declaró ilegal el Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medioambiente (IDAIMA), que afecta a los ejercicios comprendidos entre 2001 y 2012 y que equivale a 294 millones de euros. Además, se incluye también el pago del IVA al que no hizo frente la extinta Sociedad de Carreteras durante el anterior Gobiernosocialista, entre los años 2007 y 2012, que se eleva a 81,4 millones de euros.
Según ha aclarado Leandro Esteban, el déficit de Castilla-La Mancha, descontando estos dos hechos extraordinarios atribuibles a gobiernos anteriores, ascendió a 476 millones de euros, el 1,29 por ciento sobre el Producto Interior Bruto.De esta manera, la región se sitúa entre las que cumplen con el objetivo fijado para el pasado ejercicio, por debajo del 1,3 por ciento exigido en la normativa vigente.
A juicio del portavoz del Gobierno regional, se puede concluir “de manera evidente, cerrada y con todos los datos sobre la mesa” que Castilla-La Mancha cumplió en 2013 el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Castilla-La Mancha, una región fiable
Del mismo modo, el datorelativo a la deuda pública de 2013 es del 30,7 por ciento sobre el PIB. Así, tras el análisis realizado después de las correspondientes revisiones del PIB, el Consejo de Gobierno pudo constatar en el informe de la Consejería que “Castilla-La Mancha es una región que cumple con sus compromisos”.
Por ello, Leandro Esteban ha recordado que nuestra región ha pasado de ser la que tenía en 2012 el mayor dato de déficit de toda España, a ser una de las regiones cumplidoras. “El hecho de cumplir con nuestras obligaciones ha permitido que hoy Castilla-La Mancha sea una región que cuenta con credibilidad, confianza y que puede encarar el futuro con muchísima más seguridad por ser fiable”.
Así, el cumplimiento de estos objetivos y la fiabilidad demostrada por nuestra región se traducenen un ahorro para la financiación de nuestra deuda, que asciende a 111 millones con respecto al año anterior, “en beneficio de todos los ciudadanospara gastos en materia de sanidad, educación y servicios sociales”.
