La nueva Ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad que aprobó el Gobierno regional el pasado mes de noviembre, se puso en vigor con el objetivo de aunar toda la legislación existente al respecto de este colectivo. Sin embargo, los artículos que recogen la regulación relativa al servicio de Atención Temprana, han generado cierta confusión en las últimas semanas y “preocupación” entre los padres cuyos hijos necesitan de este tipo de ayudas para su desarrollo. Por un lado, la ley garantiza la prestación de este servicio hasta la edad de escolarización obligatoria, es decir, los 6 años. Por otro, argumenta que será competencia de los centros educativos ofrecerla tras la escolarización, que se produce cuando el niño o niña cumple los 3 años de edad, aunque no se encuentre en período obligatorio. La preocupación viene motivada porque los centros escolares no disponen de personal especializado con este fin, en especial en lo relativo a servicios de fisioterapia, entre otras cosas.
Por parte del PSOE, la diputada regional Rosa Melchor explicó que se trata de “un problema de competencias” entre la Consejería de Bienestar Social y la de Educación y que la Junta “ha ocasionado el dilema, por hacer difícil lo fácil y por no querer pagar” y que, en cualquier caso, “el Gobierno regional debe garantizar este servicio”.
Hasta ahora, el servicio de Atención Temprana lo vienen prestando Fundaciones y centros externos, a través de un convenio firmado con la Consejería de Bienestar Social. Cuando los niños y niñas pasan de las guarderías y centros infantiles al colegio, a los tres años de edad, los servicios de orientación del centro de escolarización, a petición de Servicios Sociales, realizan una evaluación de los pequeños para determinar si en el colegio van a seguir necesitando de este servicio. Aquí es donde surge el conflicto, puesto que hasta ahora el servicio, ofrecido por asociaciones externas, estaba sujeto al convenio con Bienestar Social y, por tanto, era esta Consejería la que se hacía cargo de su pago hasta que el alumnado que lo requería cumplía los 6 años de edad. Con la nueva ley, de los 3 a los 6 años de edad, la responsabilidad pasa a la Consejería de Educación, lo que no debe implicar que este servicio deje de prestarse. El problema, según explicó Melchor, ha surgido porque Bienestar Social “no ha firmado los convenios con las asociaciones y le pasa la pelota a Educación, desatendiendo la prestación del servicio a partir de la escolarización no obligatoria”.
Desde el PSOE piden que “se aplique bien la Ley” que garantiza la prestación gratuita del servicio hasta los 6 años y que “resuelvan” el problema de competencias ya que “están obligados a garantizar este servicio”.
