Cargando...El Palacio de Fuensalida en Toledo ha sido el escenario de la firma que permitirá que los usuarios del Programa de Intermediación que se prestará a través de las seis oficinas cuenten con asesoramiento profesional de abogados, trabajadores sociales y el propio personal administrativo y técnico de la Junta de Comunidades asignado a las consejerías de Fomento y Bienestar Social.
El convenio con el presidente de Castilla-La Mancha lo han rubricado los decanos de los Colegios de Abogados de Toledo José Sánchez Recuero; Albacete, Julio García; Ciudad Real, Cipriano Arteche; Cuenca, Jesús Celada; Guadalajara, Emilio Vega, y la decana de Talavera, Margarita Cerro, así como el presidente del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez. Al acto de firma han asistido también las consejeras de Fomento y Bienestar Social, Elena de la Cruz y Aurelia Sánchez, respectivamente, y el director general de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades, José Antonio Carrillo.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha afirmado ante los medios durante la presentación del Programa posterior a la firma que las oficinas son “un hito importante” que va a trabajar por el objetivo es “erradicar la lacra de los desahucios” de primera vivienda y garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Para ello trabajarán en cuatro líneas que forman una “labor integral” de apoyo frente al “drama social que padecen numerosas familias de nuestra comunidad autónoma”, ha dicho.
Esas cuatro líneas son la información profesional desde el comienzo del proceso, la intermediación social, la asesoría jurídica para guiar a los afectados a lo largo de todo el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias a fin de que la familia afectada pueda conservar esa primera vivienda. Las propias oficinas gestionarían en los casos extremos en los que no se pudieran paralizar los desalojos una alternativa habitacional para los afectados.
600 procedimientos
La consejera ha afirmado que aunque los datos ofrecidos por el INE en relación al último trimestre apuntan a una reducción de las amenazas de desahucio en la región, todavía quedarían pendientes unos 600 procedimientos en Castilla-La Mancha. Sobre los servicios que prestará la Junta a través de las seis oficinas, De la Cruz ha subrayado que “son los cimientos de una política de vivienda que seguirá avanzando hacia experiencias más ambiciosas”. Entre otros proyectos, el Gobierno regional pretende acometer una Ley Social de Vivienda, un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de la actividad de las seis oficinas cuya evaluación servirá para “seguir creciendo”.
Elena de la Cruz ha tenido palabras de agradecimiento para las Plataformas Antidesahucio de la región, con las que se reunió hace unas semanas. También para los ayuntamientos, diputaciones, entidades y ONG que se han ofrecido a la Consejería o que estén dispuestos a colaborar para “seguir creciendo”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Javier Sánchez, ha afirmado que el convenio es “muy responsable, moderado y apostando por la profesionalidad”, algo que requiere una materia como los desahucios que es “muy sensible y muy compleja”. Sánchez ha criticado la escasa sensibilidad del gobierno regional anterior en el ámbito social y ha afirmado que el programa que se pondrá en marcha a través de las oficinas es “un rayo de luz para miles de familias que han sufrido lo indecible”, aseverando que “ojalá paremos muchos desahucios”.
El decano de los abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, que ha hablado en representación de los seis colegios firmantes, ha dicho que la presencia de letrados en el programa de las oficinas garantiza “profesionalidad” y “eficiencia” y que los afectados que recurran a las oficinas encontrarán un asesoramiento legal “de solvencia personal y profesional”. Sánchez Recuero ha subrayado que les parece “esencial asesorar en derechos a gente que se encuentra en absoluta indefensión” por lo que ha dicho “confiar en la utilidad de este convenio” al que ha asegurado que los colegios de abogados se agregan “no por interés económico, sino por interés social”.
