El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha ha exigido al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, “que explique el escándalo de haber nombrado interventor general de la Junta al que fuera su concejal de Hacienda”, y a quien ahora corresponderán también las funciones que llevaba a cabo la Oficina de Control y Eficacia Presupuestaria, tras el cierre de la misma por parte de Page.
Los populares recuerdan la importancia que tenía esta oficina puesta en marcha por Cospedal en 2012, ya que era el organismo encargado de analizar y evaluar los gastos previstos por la Junta de Comunidades, teniendo la capacidad de reajustar las diferentes partidas si no cumplían los objetivos de estabilidad, de manera que todas las cuentas de las consejerías debían pasar por este organismo para autorizar gastos extras.
Para los populares, ésta es una estrategia de Page “para abrir la puerta al descontrol y al despilfarro y para poder autorizar gastos extraordinarios sin ningún tipo de control”, ya que la oficina abierta en su lugar, denominada de Transparencia y Buen Gobierno, pierde todas las funciones fiscalizadoras, que serán ahora asumidas por “el amigo y concejal de confianza de Page”, que ocupa el cargo de interventor general de la Junta de Comunidades y que “en vez de controlarle le protege, lo cual es un absoluto escándalo”.
“Con Page vuelven otra vez las facturas en los cajones, el descontrol, el despilfarro”, han denunciado desde el Grupo Popular, haciendo especial hincapié en que, además, la apertura de la nueva Oficina de Transparencia y Buen Gobierno supone el nombramiento de “otro director general más para una simple oficina”. “Page dice que no tiene dinero para la extra, ni para subir el sueldo a los funcionarios, pero sí tiene para nuevos directores generales”.
