Cargando...El director general de Función Pública, José Narváez, ha explicado en las Cortes regionales que ya se han incorporado siete trabajadores al servicio de prevención de Administración General y antes de que finalice el año se sumarán otros 11 más, alcanzando así la misma plantilla que había en este servicio en 2011.
Se incrementará un 85% el número de reconocimientos médicos a empleados públicos, un 100% las actuaciones de evaluación de riesgos en los centros de trabajo y un 300% la elaboración de planes de emergencia de estos centros.
A partir del día 15 de febrero se producirá una nueva reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo, en aspectos como movilidad, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y planes de formación.
Así lo ha explicado el director general de Función Pública, José Narváez, durante su intervención en la comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales para informar sobre la prevención de riesgos laborales en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Narváez ha resaltado la “gran importancia” que el Gobierno de Emiliano García-Page otorga a la salud laboral y a la prevención de riesgos laborales de sus empleados, algo que se refleja en las actuaciones que ya ha llevado a cabo.
En este sentido ha destacado el incremento de empleo en el servicio de prevención de Administración General, en el que en el año 2011 había 42 empleados y en junio de 2015 sólo 24, es decir, un recorte de la plantilla del 43%.
En los primeros seis meses de Gobierno de García-Page se han incorporado a este servicio siete trabajadores, el 40% de lo perdido, y antes de que finalice 2016 se habrán incorporado 11 empleados más, el 60% restante, para acabar el año con la misma plantilla que había antes de los recortes efectuados en 2012.
Esta falta de personal supuso, ha expuesto Narváez, que en junio de 2015 la situación en materia de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales de los empleados públicos de la Junta fuera de “falta de organización e incumplimiento de los objetivos previstos”.
Por otra parte, en esta área, ha continuado el director general de Función Pública, se han impulsado los órganos de participación de los trabajadores con la reunión la semana pasada del Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral, que llevaba “un largo tiempo sin reunirse” y en el que “se presentó un proyecto de decreto sobre una nueva organización de los servicios de prevención de la Junta de Comunidades”.
Estas medidas, ha destacado Narváez, están encaminadas a acabar 2016 con un buen nivel en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales, “lo que se traducirá en un mayor número de actuaciones de vigilancia de la salud” como, por ejemplo, “un 85% más de reconocimientos médicos” a los empleados públicos de la Junta.
Por otro lado, se realizará la adaptación del 100% de los puestos de trabajo que sean necesarios por motivos de prevención de riesgos laborales, se incrementarán el 100% las actuaciones de evaluación de riesgos en los centros de trabajo y, finalmente, se producirá un incremento sobre el 300% en la elaboración de planes de emergencia de estos centros.
Todas estas medidas, ha aclarado el director general de Función Pública, estarán incluidas en los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016.
Nueva reunión de la Mesa, a partir del 15 de febrero
A preguntas de los medios de comunicación, Narváez ha señalado que a partir del día 15 de febrero se producirá una nueva reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo, en aspectos como movilidad, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y planes de formación.
Respecto a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos celebrada esta misma semana, el director general de Función Pública ha celebrado que se obtuviera un acuerdo por mayoría para la mejora de las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos de la Junta de Comunidades, al ser suscrito por los sindicatos CCOO, UGT y FSES (SATSE y ANPE), el 58% de la Mesa.
