Cargando...Los diputados nacionales del PSOE, Isabel Rodríguez y Alejandro Alonso, han dado a conocer la Proposición No de Ley (PNL) que los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha han presentado en el Congreso para exigir la dotación económica del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) en los Presupuestos Generales del Estado.
Una propuesta que va en la línea siempre defendida desde las filas socialistas y que garantice la continuidad y aplicación del PEAG como garante de la recuperación de esta zona del Alto Guadiana fruto de la sobreexplotación a la que fue sometida durante años en el pasado y que “tras cerca de tres años de aplicación ha ofrecido datos positivos y esperanzadores”, ha valorado Alejandro Alonso.
Junto a esa dotación económica, los diputados nacionales del PSOE pretenden, entre otras cuestiones, que el Plan continúe impulsando la adquisición de derechos de agua y la compra de fincas en las inmediaciones de los espacios protegidos así como mantener la estructura administrativa que hasta ahora tenía centralizada en el Consorcio creado expresamente para el PEAG.
De hecho, Alonso ha manifestado que con esta PNL el PSOE pretende recuperar para la administración la competencia en la solución de los problemas.
No en vano, el parlamentario nacional ha mostrado la preocupación existente en las filas socialistas con las intenciones del Gobierno del Partido Popular, que pasan por dejar en manos privadas al dar la capacidad de solución de los problemas a los propietarios de fincas, “haciendo dejación de una responsabilidad que es de la administración”, ha dicho Alonso, quien ha añadido que “la administración no puede mirar para otro lado y decir que los problemas de sobreexplotación del acuífero y los problemas de legalización de situaciones los van a resolver los grandes propietarios de fincas”.
Esta decisión, tal y como ha revelado Alonso, “es muy grave”, hasta tal punto que ha acusado al Gobierno del Partido Popular de fomentar la especulación, ya que de no rectificar ha advertido que “el agricultor que quiera legalizar su situación, en vez de ir al Consorcio o a la Confederación, es decir, a la administración, va a tener que ir a la casa del gran propietario para ver si quiere venderle al precio que quiera parte de sus derechos para que él pueda legalizar su situación”.
Y es eso precisamente lo que el Partido Socialista quiere evitar a toda costa, puesto que “sería una gran irresponsabilidad permitir el mercadeo de un bien público como es el agua”, ha criticado Alonso al tiempo que ha pedido al Partido Popular y a su Gobierno que sean conscientes de la gravedad de la situación que crearán si definitivamente aprueban esas medidas.
Alonso se ha mostrado esperanzador en que el Gobierno recapacite bien sus intenciones y que, para empezar, incorpore partida presupuestaria para la continuidad del PEAG –no se contempla ni un euro- y no demuestre que “en el poco tiempo que lleva ha decidido cargárselo”. Una asignación económica que permitiría tener la capacidad de adquirir fincas en las zonas de más alta sobreexplotación para reforestar el terreno una vez comprado y para comprar derechos de agua a quien los tiene en este momento que junto a otra serie de actuaciones mencionadas tienden a lograr el equilibrio hídrico y ambiental sin perjudicar a la zona desde una perspectiva socio-económica.
Por último, y abundando en la idea anterior, el diputado socialista ha indicado que el PEAG es un plan que no se puede tirar por la borda de un día para otro, al recordar que es un proyecto muy ambicioso que lleva su tiempo y que, pese a su juventud, los resultados son ya bien visibles en la zona, con el caso muy significativo de la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
